Según el Ministerio de Sanidad en 2020 se practicaron 88.269 abortos en España. El 0,31 % se debió a "anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable", el 3,10 a "riesgo de graves anomalías en el feto" y el 5,73 a "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada". En el 90.87 % no se daba ninguna de estas circunstancias.

Creo importante añadir, como se lee en la web Down España, que "estas expresiones crean una gran incertidumbre en la aplicación de la Ley y, lo que es más grave, abren la posibilidad al aborto eugenésico (aquél que se lleva a cabo por el mero hecho de que el feto tenga una discapacidad)". Abundando en esto escribe Salvador Martínez, miembro del comité científico de Down España, catedrático de Anatomía y Embriología Humana y director del Laboratorio de Embriología Experimental del Instituto de Neurociencias de Alicante: "El uso de la expresión anomalías graves en el feto es, cuando menos, desafortunado para un texto legal. La Ley deja sin definir qué sean estas anomalías graves, aunque parece hacer referencia a una desviación importante de lo normal. Por otro lado, tal y como establece la Ley, la interrupción del embarazo podrá llevarse a cabo a partir de la semana 22 "cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico". Si aquí intentamos definir el umbral de gravedad en función de la vida autónoma y digna que pudiera llevar el individuo en el futuro, estaremos incurriendo en los mismos dilemas éticos y de definición que en el caso anterior. ¿Dónde establece la ley la relación entre anomalía grave de un órgano digamos no primariamente vital y la reducción significativa de potencialidad para tener un proyecto de vida digna?". Juzgue cada cual según ciencia y conciencia si el feto es un ser vivo al que se da muerte o una cosa que se extirpa. La única noticia positiva en esta estadística de muertes es que se han matado 10.880 fetos menos que en 2019.

También esta semana se sabía que el Ministerio de Igualdad trabaja en la creación de una lista (¿negra?) de médicos objetores de conciencia. Sigue los criterios del informe Matic, aprobado por el Europarlamento el pasado junio, que declara el aborto un derecho humano y pone en cuestión el derecho a la libertad de conciencia de los sanitarios.