La llegada a la presidencia de Pedro Sánchez es perfectamente lícita. Como no podría ser de otra forma, todo se ha ajustado a la legalidad. Sin embargo, hay aspectos que no terminan de encajar suficientemente para que se produzca una aceptación más completa del resultado de la moción de censura, siendo el primero de ellos el desconocimiento de las conversaciones previas y de los acuerdos tácitos que hayan podido realizarse con grupos políticos que lo apoyaron. No puede caerse en la ingenuidad de creerse que no los hubo y de que hay transparencia total. Desde siempre ha habido pactos entre partidos; unos que saldrán a la luz, otros que no y, otros, que lo harán más adelante si se considera que están desactivadas posibles repercusiones negativas o si se estima, por cualquier coyuntura, que resulta ventajosa su publicidad. Por tanto, cualquier demanda para que se informe acerca de lo que se haya prometido estará en boca de alguien que pertenecerá a un partido que, seguro, en algún momento habrá utilizado la misma táctica para lograr sus objetivos; es obvio que determinadas concesiones e inversiones económicas en ciertos territorios han sido fruto de esos manejos. Ante esto, como ciudadanos no nos queda más remedio, unas veces, que presionar para saber y, otras, adoptar una actitud estoica aceptando que existen cuestiones que se escapan a nuestro control. Pero en estos momentos y dadas las circunstancias que se atraviesan es totalmente necesaria la primera de las opciones; es imprescindible estar al corriente de hasta dónde pretenden llegar. Los independentistas catalanes continúan en su misma línea. Se sienten fuertes y no quieren soltar la presa que suponen han cogido. Por otra parte, el gobierno vasco, de una manera menos ruidosa, parece que está pasando facturas, como es la de la gestión económica de la Seguridad Social, y da esa sensación porque Sánchez y Urkullu han pactado la creación de un grupo de trabajo bilateral de negociación de transferencias. El problema en estas cuestiones no radica en que se planteen sino en que para calmar ánimos y pagar los apoyos recibidos se han privilegiado a unas zonas del Estado en detrimento de otras, sin que el resto de las comunidades autónomas hayan intervenido para exigir justicia y equidad, lo que ha conducido a una profundización en las desigualdades territoriales existentes. Andalucía debe estar vigilante, de lo contrario saldrá perdiendo y encima dirán después que vivimos a costa de otros.