En pleno siglo XXI, la escasez de agua en Málaga y en muchas otras regiones se presenta como un absurdo teatro de operaciones donde la tecnología y los recursos parecen quedarse cortos ante la magnitud de un problema ancestral: la sequía. Con embalses que se desvanecen en el horizonte y campos yermos que claman por un alivio, el dilema de no poder “traer agua de donde hay a las zonas que no tenemos” se antoja un despropósito digno de análisis.  ¿Cómo es posible que, en una era donde podemos enviar sondas a asteroides y manipular el código genético, nos veamos incapaces de solucionar una crisis hídrica que amenaza con desarticular el tejido socioeconómico de regiones enteras? La respuesta, aunque compleja, radica en un entramado de factores políticos, económicos y, sobre todo, de planificación y gestión de recursos. 

Primero, el coste económico de proyectos de trasvase de agua es monumental. No solo hablamos de la infraestructura necesaria para transportar el agua a largas distancias, sino también de la energía requerida para hacerlo. En una época donde la sostenibilidad debería guiar nuestras acciones, las soluciones que impliquen un gran gasto energético y económico son vistas con recelo. Además, el agua se ha convertido en un bien políticamente cargado. Las disputas interterritoriales por los recursos hídricos son ya un clásico del panorama político español, donde cada comunidad autónoma defiende su ‘tesoro’ con uñas y dientes, temerosas de quedarse cortas en un futuro no muy lejano.

Por otro lado, la gestión y planificación de los recursos hídricos adolecen de una visión a largo plazo. Los planes de contingencia y las infraestructuras se planifican pensando en horizontes temporales demasiado cortos, sin tener en cuenta las variaciones climáticas a largo plazo ni el aumento de la demanda debido al crecimiento poblacional y al desarrollo económico. No obstante, la tecnología nos ofrece alternativas viables y sostenibles. Las desaladoras, aunque no exentas de impacto ambiental, se presentan como una solución para zonas costeras. Sin embargo, su alto consumo energético y los retos asociados a la gestión de la salmuera residual frenan su implementación masiva.

La reutilización de aguas residuales tratadas, aunque en aumento, sigue encontrando barreras culturales y regulatorias. En este contexto, el absurdo de no poder “traer agua de donde hay a las zonas que no tenemos” se revela como un síntoma de una enfermedad mayor: la falta de voluntad política, la ausencia de una planificación adecuada y la necesidad de un cambio cultural hacia la sostenibilidad y la cooperación interterritorial. La situación de Málaga no es única ni aislada, pero sí ejemplifica el desafío global del agua en el siglo XXI.

Ante esto, es imperativo repensar nuestra relación con este recurso vital, promoviendo un uso más eficiente y sostenible del agua y buscando soluciones innovadoras que nos permitan superar las barreras actuales. Solo así podremos garantizar que el agua, fuente de vida y desarrollo, fluya hacia donde más se necesita, rompiendo el absurdo de la inacción en una era de posibilidades casi ilimitadas.

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