Es alarmante que el propio Gobierno de Sánchez cuestione la legitimidad de las instituciones del Estado, especialmente las relacionadas con la Justicia. Que osen presionar a los miembros del tribunal para indicarles el polvo que las togas reclaman del camino. La impartición de justicia se ha convertido en el quiz argumental de esa izquierda trolera, especialmente cuando surgen autos o sentencias que no les favorecen.

Es motivo de alarma que Margarita Robles, Pilar Llop, Ximo Puig, Belarras, Belarros y Belarres, junto a la obsesión por la defensa del líder que les procura nómina pública, exhiban esa intolerable acritud contra el TC que no les sigue el embuste. Van tan sobrados por mor de su militancia ideológica que se creen exonerados del respeto institucional debido a la independencia de uno de los poderes del Estado. De esa intolerable superioridad moral no puede surgir nada bueno para la estabilidad que toda democracia respetable precisa.

Alarma mucho cómo ven ellos eso de la independencia entre poderes del Estado. Si no se adecuan a su dictado los desprecian. Que el órgano vigilante de la esencia de la Carta Magna no les haga el seguidismo que Sánchez sí logra en otros ámbitos, hasta con sus propias contradicciones, lo denigran como un fustigamiento del "conservador" poder judicial, "elucubradores de doctrina", "jueces de salón", etc. E insisten en su trola, ahondan en su interesada desviación de argumentos, más que por ignorancia, por ese afán escapista de sus controvertidas decisiones. Es alarmante que pretendan rendir al Estado ante sus egoístas ansias. El monomando, su objetivo.

Salvar vidas es su salvoconducto retórico. El relato que refieren para justificar su declarado abuso constitucional. Pero de los muertos por la pandemia huyen como quien escapa de una atormentada mala conciencia. Los derechos fundamentales invadidos suenan a murga cuando la izquierda gobernante llama a rebato mediante decreto. El gobierno social comunista es un harén de acomodados antisistema, celosos guardianes de su propio bienestar individual y agoreros de la progresista condición de nuestro incierto futuro. Pero, ay, la depauperación avanza hasta el 26,4% de españoles en riesgo de exclusión y pobreza.

El TC le tumbó a Corcuera aquella ley de la patada en la puerta, y él dimitió por ello. Se fue a casa tras el varapalo. Era otro tiempo, de estadistas con cierta vergüenza, algo demasiado vintage para la nueva política de nuestros días.