MÁS allá de los lemas y de los oportunismos, cabe extraer algunas reflexiones de los sucesos ocurridos el pasado domingo y el lunes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), con manifestantes del 15-M y agentes de la Policía enfrentados a cuenta de Sid Hamed Bouziane, un ciudadano argelino de 28 años al que se le obliga a regresar a su país desde España. Según los activistas, Bouziane fue forzado por las autoridades argelinas a ejercer de espía inflitrado para el Gobierno del país africano, y tras su negativa fue objeto de serias amenazas para las que no encontró más solución que la huida a Europa. Si regresa a Argelia, de nuevo según los manifestantes, su vida puede correr peligro. El caso merece dos observaciones de urgencia. Primera: España es uno de los países occidentales con una normativa más restrictiva en cuanto a la concesión de asilo político. La ley apenas se ha modificado desde la Transición, es caduca y obsoleta y afecta de manera muy directa a la integridad de personas que son obligadas a regresar a los países de donde huyeron por cuestiones ideológicas, religiosas, de orientación sexual y otras adscripciones plenamente reivindicadas en la Declaración de Derechos Humanos. Por otra parte, claro, el Gobierno y los partidos políticos no dudan en beneficiarse de la presencia en España de algunos beneficiados por el asilo (recuérdese el cercano caso de los refugiados cubanos) cuando hay rédito electoral de por medio. Urge, entonces, una reforma clara e integral que garantice los derechos de las personas a no tener que regresar a los lugares en los que su vida corre peligro. Segunda: porque no se puede detener a nadie por el mero hecho de ser extranjero, el CIE es una aberración que debería ser clausurada de inmediato. Ésta es una reivindicación histórica de no pocas ONG y defensores de derechos humanos en Málaga, y va siendo hora de gobernar aquí con sentido común. A ver quién lo tiene.