EL encuentro, presidido por Manuel Chaves, entre el Gobierno andaluz y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha significado cierto acercamiento entre las demandas de los ayuntamientos y la Junta autonómica. Las reivindicaciones de fondo de los consistorios locales continúan pendientes de satisfacción, pero la cumbre ha sido un avance parcial para los ayuntamientos. Por una parte, Chaves se ha mostrado receptivo y dispuesto a respaldar la exigencia municipal de que, en este tiempo de crisis, se autorice cierto grado de endeudamiento de las haciendas locales, igual que se hace, con buen criterio, en el caso de las comunidades autónomas y el propio Gobierno de la nación. Por otro lado, la petición de que una parte de las cantidades que la Junta ha de recibir en concepto de liquidación de la deuda histórica encuentra un obstáculo jurídico importante: el Estatuto de Autonomía establece que esta deuda sea destinada a resolver carencias en materia de sanidad, educación y vivienda. No obstante, el Gobierno andaluz se ha comprometido a tener en cuenta las peticiones municipales, a condición de que se articulen en torno a estos tres bloques exigidos por el texto estatutario. Se abre de este modo una vía para que las reclamaciones de los ayuntamientos puedan encontrar un cauce de realización, aunque sea parcial. Por el contrario, sólo unas horas antes del encuentro Junta-FAMP, los municipios recibieron de la Junta una mala noticia. Al hacerse público el contenido del anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, se conocía el designio del Gobierno regional de endosar a los ayuntamientos la ejecución de una de sus más llamativas promesas preelectorales. Aunque todavía la ley no ha llegado al Parlamento para su debate, ya se sabe que el derecho a acceder a una vivienda digna y asequible por parte de los ciudadanos habrá de ser instrumentado por las corporaciones locales, a las que podrán recurrir los andaluces para hacer valer su derecho, pudiendo demandarlos en la jurisdicción contencioso-administrativa, en tanto que la Junta se sitúa como feliz promotora de un nuevo derecho, que habrán de satisfacer los ayuntamientos. Es un aspecto que conviene modificar.