EL año que acaba de comenzar parece que se inicia a nivel político con el claro propósito de la enmienda. Si existe consenso en pocas cosas entre las distintas fuerzas, una de ellas puede ser la necesidad de que termine la sangría de prestigio y credibilidad que han sufrido las instituciones públicas en los últimos 365 días debido a los sucesivos escándalos de todos conocidos. Aunque da la sensación de que no se irá por la buena senda si cada uno de los partidos utiliza la bandera de la ética y la transparencia como arma arrojadiza frente al contrincante.

Un instrumento viable para intentar paliar el déficit democrático, en este caso en la gestión de las administraciones locales, es el Código del Buen Gobierno Local, recientemente aprobado, por unanimidad, en la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que, en lo que se refiere a Málaga, el PSOE se ha apresurado a impulsar para que sea adoptado por el conjunto de los ayuntamientos.

Una loable iniciativa, que quedaría descafeinada, si un solo partido intenta patrimonializarla en exclusiva. Este código, en esencia, incluye un decálogo de principios que van desde la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano, hasta la no aceptación de regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía. Y además recoge los principios de transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, entre las que se encuentra la creación de comisiones de control de la contratación pública.

Pero como en los tratados de moral no basta con el propósito de no volver a las andadas, además de asumir la penitencia, sino también tomar las decisiones que hagan creíble la voluntad de recuperar los más singulares valores del sistema democrático.

Para que todo el mundo lo entienda, el nuevo código quedaría en papel mojado si, por una parte, no recibe el apoyo claro de todas las fuerzas políticas, el PP incluido y que sí lo apoyó en la FEMP y, por otra, si al aparecer algún contratiempo, se opta por mirar para otro lado, como se ha podido comprobar en las últimas semanas a cuenta de los expedientes abordados en la comisión del Pacto Antitransfuguismo, en casos como los de Ronda o Alcaucín, y sobre los que los responsables políticos deberían tener muy claro el daño que, con su actuación, pueden infligir al proceso de recuperación de la credibilidad de las instituciones más básicas del sistema democrático.

Aquí tendrán que demostrar de verdad que los intereses generales están muy por encima de los meramente partidistas.