Crónica negra

De nuevo la crónica negra de la corrupción política encabeza informativos y titulares de prensa. Mientras la derecha político-mediática rentabiliza las bochornosas imágenes de las juergas del ya exdiputado canario del PSOE, cobran actualidad el caso Kitchen -en el que la fiscalía pide quince años de cárcel para Fernández Díaz- y la trama valenciana del Gürtell. El listado es largo, pero, aun siendo todos casos de corrupción, hay casos y casos: que la cúpula de interior hiciese un uso ilícito de los aparatos y recursos del Estado para tapar la corrupción del Partido Popular, merece un lugar más destacado en el basurero informativo. En sus diferentes modalidades, la corrupción lleva tres décadas instalada en el debate público: en la primera mitad de los noventa la corrupción entró con fuerza en la agenda política, no para atajarla, sino como potente arma de destrucción electoral. Los socialistas éramos todos corruptos y desalmados, pero llegaba Aznar para redimir y limpiar nuestra democracia con la promesa de una segunda transición bajo el brazo. No sólo no hizo nada, sino que, una vez obtenido el rédito electoral, el PP multiplicó de forma exponencial la corrupción existente antes de su llegada. Y desde entonces vivimos en el día de la marmota de la corrupción política en nuestro país. Una forma elegante de definirla es la de abuso de poder realizando intencionadamente un mal uso de los recursos financieros y humanos de las administraciones que se gobiernan.

El índice más utilizado para medirla es el de percepción de la corrupción (IPC) en el que España ocupa el puesto 35 de 180 países. En el año 95, cuando Aznar prometía desde la oposición ejercer de ángel exterminador contra los corruptos, ocupábamos el puesto 26. Al medirse por la percepción subjetiva que tiene la ciudadanía, influyen tanto los hechos corruptos en sí mismo, como la forma en que los medios y los líderes de opinión los trasladan al debate público. Hasta ahora las respuestas han consistido en aumentar las penas o introducir códigos éticos -interpretados a conveniencia- en el funcionamiento de los partidos. Medidas manifiestamente insuficientes: lo que distingue a los países con menor nivel de corrupción son instituciones más transparentes, eficientes y democráticas, que rinden cuenta ante la ciudadanía y protegen los derechos fundamentales. También se distinguen por su menor desigualdad social y mayor calidad informativa.