Cuarenta años después de la celebración del referéndum del 28F de 1980 podemos glosar la épica reivindicativa de aquel excepcional momento histórico y, también, analizar con suficiente perspectiva los logros y fracasos de estas décadas de autogobierno. Aquel referéndum trastocó el diseño del Estado de las Autonomías que había quedado, de forma algo imprecisa, dibujado en el consenso constitucional. El modelo asimétrico, a favor de las nacionalidades históricas, se vio inesperadamente alterado por la voluntad popular de una región atrasada y con escasa implantación nacionalista. En estas décadas, la realidad de nuestra región ha cambiado de forma abismal, nada queda de la Andalucía ¿tercer mundo? de la que entonces hablaba el nuevo hijo predilecto de Andalucía, el periodista conservador Antonio Burgos.

Es un hecho, sin embargo, que la diferencia de renta y de producto bruto entre regiones en nuestro país apenas si ha variado. Hay distintas explicaciones para ello, una puede ser el mal gobierno, pero no parece que si Madrid duplica la renta per cápita de Andalucía sólo se deba a la extraordinaria gestión de los gobernantes madrileños. Es, en realidad, un problema que se puede imputar a gobiernos autonómicos de uno y otro signo. Hay otras explicaciones: España ha multiplicado por cinco su PIB en estas décadas, algo que ha beneficiado por igual a todos los territorios, de tal forma que era muy difícil que los que partían en peores condiciones pudiesen generar crecimientos muy superiores a los de los territorios más desarrollados. Sin olvidar, la tendencia universal a concentrar territorialmente el poder financiero, empresarial, mediático, etc.

Por otra parte, no es menos cierto, que sí se han corregido de forma muy notable los desequilibrios en términos de bienestar. No son las de ahora las mismas desigualdades que las de los años setenta, que diferenciaban entre subdesarrollo y desarrollo, ahora disfrutamos de una realidad social infinitamente más homogénea. Algo que tiene que ver con que los instrumentos de política fiscal y financiera, los más eficaces para combatir las desigualdades, estén en manos del Gobierno de la nación o de las instituciones europeas. Mientras que el grueso de las políticas sociales lo gestionan las CCAA.

Si miramos hacia atrás veremos más luces que sombras. Pero lo que importa ahora es reflexionar sobre el futuro de un sistema autonómico al que le están saltando las costuras.