CON la comparecencia ante el Tribunal Supremo del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera se inicia hoy un verdadero maratón judicial de ex altos responsables políticos andaluces investigados por el propio Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por su implicación en el caso de los ERE fraudulentos financiados con fondos públicos. Después de Viera, que será interrogado acerca de la concesión de ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, el TS ha citado el próximo jueves al ex presidente José Antonio Griñán, el día 14 a su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y los días 16 y 21 a los ex consejeros de Presidencia Gaspar Zarrías y María del Mar Moreno, respectivamente. En paralelo el instructor designado por el TSJA tomará declaración a los ex consejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio. En total, nueve aforados ante los tribunales, lo que les corresponde por su condición de parlamentarios nacionales (Congreso y Senado) o autonómicos, si bien los cuatro últimos dejarán de tener esta protección especial en cuanto se constituya el nuevo Parlamento de Andalucía, el próximo día 16, ya que ninguno de ellos figuraba en las candidaturas electorales del PSOE andaluz. No obstante, la significación política de estas comparecencias, ya relevante por la personalidad de los citados, se ve acrecentada por el hecho de que su situación judicial está gravitando sobre las negociaciones para la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. La ausencia de una mayoría absoluta tras las elecciones del 22-M obliga, en efecto, a la candidata de la minoría más numerosa a allegar apoyos para ser investida como presidenta de Andalucía, y en las conversaciones previas las dos formaciones políticas con posibilidades de respaldar la investidura han subrayado como condición previa el abandono de sus escaños en el Congreso y en el Senado de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los dos líderes políticos más significados de entre los nueve aforados llamados a declarar. Mientras la posición oficial de Susana Díaz es que los ceses de ambos ex mandatarios se producirían en el caso de que el Tribunal Supremo les impute algún delito concreto -eso no se ha producido hasta ahora-, los dirigentes de Podemos y Ciudadanos entienden que la dimisión es ineludible por la máxima responsabilidad política de Griñán y Chaves en el escándalo de los ERE, en función del cargo que sucesivamente ostentaron. Sin que los dos dejen sus actas de senador y diputado ninguno de los partidos emergentes está dispuesto a dar facilidades, ni siquiera con su abstención, a la reelección de Díaz.