Los medios de comunicación nos están informando en las últimas semanas de los excesos de la Junta de Andalucía en la utilización del procedimiento de contratación de emergencia habilitado durante la pandemia. Cuando ya no estaba en vigor el decreto ley del Estado que lo sustentaba, la Junta seguía utilizando esta vía para adjudicar contratos a dedo, sin el correspondiente concurso público ni los demás requisitos que requiere cualquier utilización de dinero público en virtud de la ley de contratos del sector público. Así, la Consejería de Salud ha gastado cientos de millones de euros por esta vía excepcional para pagar las derivaciones a la sanidad privada. Pero quizás el caso cualitativamente más relevante ha sido el de la Consejería de Fomento. A través de estas contrataciones de emergencia se han adjudicado obras a dedo para el arreglo de carreteras a empresas sin trabajadores, sin ninguna experiencia en el sector, sin teléfono ni correo electrónico, con el domicilio social en una casa particular e incluso contratando con empresas de distintos miembros de una familia en un mismo día. Recordando al Hamlet de Shakespeare, "algo huele a podrido en Dinamarca".

Ante esas informaciones, la consejera Carazo ha rechazado dar explicaciones cuando ha sido preguntada por el asunto. He quedado estupefacto ante esa primera reacción. ¿Nada tiene que decir la responsable política de la Consejería? Lógicamente, en estos tiempos la ciudadanía no acepta los silencios, sino que exige explicaciones en ejercicio de su derecho a saber. Por ello, finalmente comparecerá en el Parlamento de Andalucía en relación al caso. Es importante que explique cómo se han podido adjudicar contratos millonarios a empresas de esas características. La administración siempre tiene que examinar a las empresas antes de asignarles dinero público para que lo ejecuten. Pero más en este caso pues no se presentaban a un concurso público sino que se les había adjudicado el contrato a dedo entre las empresas invitadas a participar expresamente por la Consejería. Por tanto, es evidente que desde la consejería de la señora Carazo sabían a quiénes invitaban y a quiénes adjudicaban las obras. Existe, por tanto, una culpa, al menos in vigilando, y esto debe generar una responsabilidad política de la titular de la Consejería, si no puede desmentir los hechos relatados por los medios.

En democracia, la responsabilidad política se sustancia con la dimisión y no con la salida de la Consejería para ser candidata a la alcaldía de Granada. Precisamente en Granada, ¡con todo lo que ocurrió en la época de Torres Hurtado!