CELEBRAMOS el Día Internacional del Trabajo en un contexto caracterizado por el fracaso de la política económica impuesta por el Gobierno del PP y las terribles consecuencias de su Reforma Laboral que han llevado al país a una situación de Emergencia Nacional, incremento del paro hasta superar los seis millones de personas, el 50% de larga duración, con casi dos millones de familias con todos sus miembros en paro y una caída de la población activa sin precedentes.

En Málaga la tasa de paro se sitúa en un 36,7%, casi diez puntos por encima de la media nacional, alcanzando la cifra récord de 284.200 personas. Por tanto, queda constatado que no existe ningún síntoma de recuperación, sino todo lo contrario, seguimos peor que en el inicio de la crisis y el empleo destruido se sitúa a niveles del año 2004, acabando con el generado en la época de crecimiento económico.

La Reforma Laboral no sólo ha asestado un golpe seco al empleo sino que también está atacando a los salarios mediante el mecanismo de la contención. Nunca antes el conjunto de las remuneraciones salariales había caído tanto como en el cuarto trimestre de 2012, con un descenso del 8,5% anual, hasta el punto de que las rentas empresariales superaron por primera vez a las salariales en el reparto de la riqueza en relación con el PIB. El descenso salarial ha aumentado el umbral de la pobreza en el que ya están incluidas las personas con trabajo y con un sueldo, también llamado "pobreza laboral", por lo que hoy formar parte del sistema productivo no le libra a uno de la miseria.

El índice de miseria español se sitúa a la altura de Sudáfrica, por delante de países como Venezuela o Argentina. La tasa de pobreza es del 21,8%, una de las más altas de los países industrializados, sólo superada por Letonia, Estados Unidos y Rumania. El derrumbe de la economía en Málaga ha debilitado la relación entre la capacidad de gasto y las retribuciones. La recesión ha deshilachado a las clases medias, que empiezan a verse exhortadas hacia una austeridad cada vez más cercana a la pobreza. En apenas doce meses, el índice ha subido tres puntos en la provincia y el de miseria es del 36,5%, doce puntos superior al de Grecia, lo que da cuenta de la magnitud del problema. Vivimos en una situación de emergencia nacional.

Estas políticas regresivas condenan al país a una mayor recesión económica y una total parálisis de la actividad impactando directamente contra los trabajadores y condenándoles al desempleo de larga duración y a un continuo empobrecimiento, según datos de la EPA. Las políticas de recortes como el paso del subsidio indefinido de los 52 a los 55 años, condicionado no a la renta personal sino al conjunto de la unidad familiar arremete sobre los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis, condenándolos a la exclusión social y a una jubilación de miseria. Todo ello, en un escenario de debilitamiento del clima de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas, económicas y sociales, y de ruptura del modelo social europeo.

Situación que hace de este 1º de Mayo una jornada de reivindicación y de rebelión democrática contra el drama del paro, de la pobreza, de las privatizaciones de la educación, la sanidad y la atención a nuestros mayores (dependencia). Reivindicamos otra política económica que tenga a las personas como objetivo y no a la banca, a la prima de riesgo, el capital o a los especuladores. Otra política que nos saque del hundimiento social en el que nos han sumido, poniendo en práctica una política de ingresos basada en una profunda reforma fiscal.

Es falso que el país haya alcanzado su límite en cuanto a gastos, si en España la carga impositiva total fuera (como porcentaje del PIB) como en otros países de la UE, el Estado ingresaría 200 millones de euros más de los que ingresa. Los que tendrían que pagar mucho más de lo que pagan no son el ciudadano normal y corriente, sino el 10% de la población -los ricos y los súper ricos- que tienen un enorme poder político y mediático en el país a los que beneficia el Gobierno del PP. De ahí su oposición a poner en práctica una política de ingresos basada en una profunda reforma fiscal que combata la economía sumergida y el fraude fiscal, que supone unos 70.000 millones de euros al año, del cual el 72% del mismo lo practican las grandes empresas del Ibex 35 y la Banca.

Porque hace falta otra política, porque exigimos una reactivación de la economía y el empleo, por los derechos laborales y los convenios colectivos, por unos servicios públicos de calidad y una mayor protección social, y, como no, por la regeneración democrática y las libertades. Porque no tienen límites y nos sobran los motivos, desde CCOO os invitamos a pelear en la calle por nuestros derechos. Este 1º de Mayo, os esperamos.