Es destacable la determinación del alcalde de La Línea, J.J. Franco, articulando un proyecto autonomista, máxime cuando lo hace con un único objetivo: defender a capa y espada los intereses de sus vecinos, para que su tierra no siga “siendo el tercer mundo”.

No es casual que el 28-M arrasase y obtuviese 22 de 25 concejales, mejorando incluso sus anteriores resultados, y, con el 75,18% de los votos, sigue decidido a cumplir su compromiso con sus conciudadanos para que decidan en referéndum, respetando la Constitución y las leyes, si quieren o no convertirse en ciudad autónoma, distinta administrativamente de Andalucía.

Pese a su empeño, el TS ha dado portazo a sus pretensiones, confirmando la negativa del Gobierno a autorizar tal consulta popular. Pero el obstinado regidor va a estudiar otras vías de actuación, no cejando en su empeño de conseguir el progreso para su tierra, abandonada por las Administraciones y sumida en una grave pobreza, intentando buscar una fórmula con cobertura constitucional.

El TS considera que dicha consulta se “excede absolutamente de los intereses meramente locales” por afectar a la organización territorial del Estado. De acuerdo, mi máximo respeto a la Constitución y al TS, pero, aunque la organización territorial del Estado evidentemente no sea competencia local, el artículo 144 a) de nuestra Norma Suprema sí permite a las Cortes Generales autorizar la constitución de nuevas CCAA.

¿Por qué otros territorios si pueden llegar a conseguir autorización del Gobierno para realizar un referéndum para lograr la autodeterminación/independencia, algo mucho más grave que convertirse en ciudad/CCAA? Eso sí que afecta gravemente a la organización territorial del Estado –muchísimo más que autorizar una simple ciudad autónoma más–, porque implicaría que una parte del territorio de España se convierta en un Estado diferente.

Es cierto que el TS todavía no se ha pronunciado sobre el chantaje de una minoría cada vez más minoritaria en Cataluña, pero es evidente que en España, para el Ejecutivo –no para el Judicial– las normas no son iguales para todos.

Como española, defiendo la integridad territorial de España y nuestra Constitución, pero la creación nuevas entidades territoriales en España como pretenden territorios abandonados, como La Línea, ?León, o muchos ciudadanos en Granada y Almería, no afecta a su integridad territorial, sólo a su organización administrativa, hasta ahora nefasta.

Como granadina, ya quisiéramos muchos que nuestros políticos se desvivieran por Granada como Franco por La Línea, con su proyecto autonomista como solución real y constitucional al abandono institucional, problema endémico de muchos territorios producto del fracaso del Estado autonómico.