Incertidumbres

Los grandes asuntos que nos ocupan están cargados de incertidumbres. No sabemos si será más difícil que el Madrid fiche a Mbappé o que el parlamento que salió del 23J invista a un presidente. Todo está en el aire, ese que nos trae la tiranía de su insoportable calor. Nos hemos hecho a las dificultades propias de parlamentos fragmentados. Pero los pactos y consensos necesarios para su funcionamiento parecen extraños, en una realidad dominada por el conflicto y la polarización. Hasta los únicos pactos posibles, parecen imposibles: introducir la financiación autonómica o el modelo territorial en una negociación de esta naturaleza, será una prueba difícil de superar. Lo es pretender un acuerdo de parte en lo que exige un consenso de todos. La derecha ha conseguido una importante cuota de poder territorial, no es razonable imponerle cambios que afectan a elementos sustanciales del sistema autonómico. En el pasado, Felipe González o José Mª Aznar, pactaron con CIU sus respectivas investiduras. El pacto entre convergentes y populares acordaba, entre otras cuestiones, la desaparición de los gobernadores civiles, la eliminación del servicio militar o el incremento del 15% en la cesión del IRPF para las CCAA. El escenario hoy es bien distinto: el sucesor de la antigua Convergencia es un partido alejado de la centralidad política, con la que Pujol dominó la política catalana. Junts es, por el contrario, un declarado defensor de la secesión unilateral y pugna con ERC por el liderazgo entre las fuerzas independentistas. No es difícil imaginar que pondrán sobre la mesa cuestiones de distinto calado. El tono y las circunstancias del Majestic quedan muy lejos. La paradoja es que, situando sus propuestas en el terreno de la imposible, volverían a dar décadas después el gobierno de España a la derecha. Que, desde entonces, no ha vuelto a hablar catalán en la intimidad.

Todos y cada uno de los diputados, que tomarán posesión de sus escaños tras la constitución de las Cortes Generales el próximo día 17, representan la soberanía nacional. Será legítimo cualquier acuerdo que alcancen quienes han sido elegidos en listas de partidos que cumplen los requisitos legales y por votantes que forman el censo electoral español. Otra cosa distinta es que sea posible: el problema es deslegitimar al adversario elevando a categoría moral su reducida idea de España. De la que, por cierto, queda excluida la mayoría social de este país.