La divertida película dirigida por James Cameron e interpretada por Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis es una ficción con una trama de mentiras maritales mutuas que, como toda comedia, tiene un final feliz. Un final que es feliz porque una vez desveladas y aceptadas las mentiras, constatado que ninguno ha cometido falta o delito, acuerdan convertirlas en realidad y salvar así el matrimonio. Desgraciadamente las mentiras arriesgadas de nuestro Presidente del Gobierno, ni forman parte de una ficción, ni sus consecuencias quedan circunscritas a los actores, ni presentan síntomas algunos de que vayan a tener un final feliz, habida cuenta de que una de las partes, que nunca ha mentido, sigue afirmando su intención de volver a delinquir.

La reforma penal, redactada ad hoc para quitar o suavizar las penas sentenciadas por los delitos cometidos, de sedición y malversación de caudales públicos, a los independentistas catalanes que ostentaban el gobierno catalán, es "arriesgada" pero "no hay otro camino" en palabras del propio Pedro Sánchez. Se me ocurren dos preguntas de Perogrullo: ¿Qué riesgo y para quién lo supone dicha reforma? Y ¿Por qué no hay otro camino? Se conoce que el presidente da por hecho que la única vía de que Cataluña se apacigüe es dar a los independentistas catalanes todo cuanto pidan, lo que por otra parte supone, si o si, facilitarle el camino de la independencia. Ayer, el socialista expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se dejó caer en la Tribuna de Málaga Hoy con un artículo que no tiene desperdicio titulado "Alguien no dice la verdad". En el artículo, referido a las medidas arriesgadas del Gobierno, hace una serie de suposiciones y, por otra parte, hace lo mismo con la versión de sus socios independentistas ERC. La tesis es que Gobierno y secesionistas se han echado mutuamente un falaz cebo para ver si pica el contrario. Remata el artículo con estas palabras: "Una de las dos versiones es la buena y, en consecuencia, la otra es falsa. El tiempo dirá quién era el pescador y quién el pez. Esperemos que no sea tarde por el bien del país y del PSOE". Después de este artículo tengo la impresión de que Rodríguez Ibarra, como su compañero el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, está haciendo méritos para tener el honor de ser expulsado del PSOE. Reconoció el Presidente Sánchez en Barcelona que las últimas decisiones adoptadas, respecto de las reformas del Código Penal, son para "desjudicializar" el "procés". Por mucho que les interese a los independentistas, no se puede apartar a la Justicia cuando existe delito. Los problemas políticos siempre son problemas ideológicos y esos se resuelven en las mesas de diálogo, pero cuando se pasa a la acción, y esa acción es delictiva, necesariamente, quiéralo o no el Gobierno, ha de actuar la Justicia. Se pueden tener ideas políticas contrarias al Estado constituido democráticamente. Eso es un tema político que se podrá discutir en el Congreso o en una mesa de negociación. Pero la acción con hechos tendentes a causar perjuicio o la destrucción del Estado, solo se puede dilucidar ante la Justicia. Y, quede claro que, cambiar las leyes ex profeso para favorecer a un grupo de delincuentes y amigotes es una estafa al pueblo y una acción antidemocrática propia de una dictadura liderada por un autócrata que es en lo que se ha convertido el PSOE.