J. M. Marqués Perales

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Moreno y Puig saben que no hay acuerdo

No habrá nuevo modelo de financiación de las autonomías en esta legislatura porque se necesita una mayoría absoluta que no hay

Juanma Moreno y Ximo Puig almorzaron solos en San Telmo. Sus equipos se fueron a un restaurante del Guadalquivir y los dos presidentes, el andaluz y el valenciano, conversaron sobre sus partidos y de la política nacional sin testigos. Al final, Puig, satisfecho, subió a las redes una foto de ambos con un café de por medio. La propuesta de los dos dirigentes autonómicos lleva implícita una realidad en la que pocos han caído: en esta legislatura no se aprobará un nuevo modelo de financiación autonómica. Para ello sería necesaria una mayoría absoluta que no existe en el Congreso, porque se trata de una ley orgánica. El PP no va a negociar, entre otras razones porque sus comunidades opinan de modo diferente, y al Gobierno no le basta con ERC, ni el PNV ni Bildu van a negociar un modelo que no les incumbe por proceder de territorios forales. Así que Moreno y Puig aciertan porque el recorrido es largo, y lo que proponen es articular un fondo compensatorio para Andalucía, Valencia y Murcia mientras dure una transición que será larga.

Ninguna comunidad distinta a estas tres permitirá que se redistribuyan las transferencias para compensar a las menos favorecidas, y mucho menos Madrid, que está ensayando un nacionalismo de metrópolis ahora que es el verdadero motor económico del país. Así que Puig y Moreno tendrán que presionar, como puedan, al Gobierno central para que sea éste el que aporte algo más de dinero a la bolsa común de las comunidades.

El aragonés Javier Lambán ha armado una entente de comunidades del norte para oponerse al eje Andalucía-Valencia, aunque se equivoca, porque la cuestión del criterio de población no es lo sustancioso, eso no es lo que distorsiona el modelo, sino los fondos que se inventaron en la última negociación para satisfacer a Cataluña y a los contrarios, un soplar y sorber a la vez. En noviembre, la ministra María Jesús Montero presentará un cálculo para definir la denominada población ajustada. Si el peso de la población real en esta magnitud fuese del 96%, como en la actualidad, Valencia y Andalucía deberían apoyarle con el objetivo de que fondos posteriores no desvirtuasen ese primer factor. Sería magnífico que una comunidad del PP y otra del PSOE amarrasen ese compromiso para el futuro.

Esto del modelo de financiación autonómica es política, compleja, pero sustancial, importante, y hay que mirar más lejos del dedo que señala a la Luna. Ni Cataluña ni ahora Madrid, donde llevan años estudiando las fórmulas, pueden imponer un sesgo que ahora comienzan a compartir desde distintas banderas.

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