Pedro Sánchez tenía seis años cuando se aprobó la Constitución y Pablo Iglesias 50 días. Quizá sea útil el dato para comprender el desparpajo con el que retornan al inicio del proceso constituyente. El capítulo territorial marcará el porvenir del nuevo Ejecutivo. Ayer hubo una tregua, al conocerse casi todos los nombramientos. El perfil sénior de profesionales con experiencia, en particular en economía, no oculta que se ha elevado a categoría ministerio a secretarías de estado e incluso a la dirección general de Garzón.

(Merece destacarse el elogio y respaldo que ha recibido la titular de Exteriores por tres ex ministros del PP como Margallo, Piqué y Ana Palacio. Dice mucho de González Laya y de estos antecesores que le dan una lección de buena educación y saber estar a la bisoña dirección actual de su partido).

Del paquete de nombramientos, primero han vendido a la opinión púbica las carteras sociales de Podemos y después la ortodoxia económica de áreas bajo control socialista. En el momento de escribir este artículo, aún había lugar para la sorpresa en las tres vacantes sin relevo. No debe ser casualidad que quede libre hasta el último momento el Ministerio de Política Territorial, que tendrá que negociar la nueva financiación autonómica, en la que Andalucía reclama 4.000 millones de euros más al año. Y también tendrá que explicar a los demás territorios qué concesiones se hacen a Cataluña, cuyo desafío al estado empezó con dos premisas: nación y financiación.

La presión viene de antiguo. El propio PSC lo llevaba en su programa de 2008, con Carmen Chacón como candidata, que ya era ministra entonces: equipararse a un sistema de concierto como el vasco. Fue un pacto entre la UCD y el PNV en 1979 el que cifró el cupo en una cantidad que después de múltiples rebajas, la última con Rajoy, está en menos de 1.000 millones de euros al año. (ETA asesinó a 64 personas en el 78, año en el que se aprobó la Constitución, y mató a 84 en 1979, cuando se cerró el concierto).

Ahora la coacción se ejerce desde Cataluña, con insumisión en las instituciones y protestas o algaradas en las calles. Y el Gobierno devuelve al país a los 70 sin los consensos de entonces. Es cierto que hubo momentos peores. Por ejemplo, el golpe de Estado de 1981, con el secuestro del Gobierno y el Congreso. Pero la fractura en dos bloques cerrados es una novedad que quizá no comprendan ni la pareja gobernante, ni la cerril oposición. Tanta superioridad moral por ambas partes se hace insoportable.