LA actual crisis económica, que afecta a casi todos los aspectos de la vida, tiene también su correspondiente repercusión en los preparativos del próximo curso escolar. A la habitual prolongación de las obras de acondicionamiento que los ayuntamientos acometen durante el verano en muchos centros escolares, y que por lo general se culminan con las clases ya en marcha, se suman este año otros factores de índole económica, entre los que destaca el sistema de bonificación y ayudas de los llamados servicios escolares. La Junta de Andalucía, administración competente en la materia, ha decidido modificar el sistema de control de la renta familiar para asignar las ayudas. A partir de ahora se contemplará como referencia oficial la última declaración de ingresos presentada a Hacienda, correspondiente a 2009. Este cambio, regulado por una orden de la Consejería de Educación, viene a corregir la extraña situación anterior, que fijaba el nivel de ingresos en base a los rendimientos brutos familiares de 2007, un año en el que la desaceleración económica y el paro no habían alcanzado los índices actuales. El nuevo sistema, por tanto, permitirá a muchas más familias andaluzas, algunas por primera vez, acceder a esta línea de subvenciones para costear las actividades extraescolares y complementarias de sus hijos, como el comedor y las aulas matinales, esenciales para la conciliación de la vida familiar y laboral. La decisión de la Junta, que debe aplaudirse por cuanto reflejará con mayor exactitud la situación real de los progenitores, muchos de ellos castigados por el desempleo, tendrá sin embargo un efecto negativo en términos de gasto público. A más familias con derecho a recibir dichas bonificaciones escolares, el gasto en educación aumentará. Parece sin embargo de justicia que, a la hora de reducir el déficit de las administraciones, existan cuestiones básicas que queden fuera de cualquier tijeretazo. Así lo solicitaban tanto la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres con hijos en la educación pública como la Oficina del Defensor del Pueblo, que había hecho trámites, hasta ahora sin mucho éxito, ante Educación. El cambio de criterio, unido a la congelación de los precios de estos servicios, hará algo más cómoda la vuelta al colegio para muchas familias.