Sí, la falta de vivienda es una de los problemas más graves de la España actual, y afecta sobre todo a los jóvenes, para los que tener un techo propio es algo inalcanzable si no es rico.

El anuncio de Pedro Sánchez de que el Gobierno pondría en el mercado 50 mil viviendas de alquiler no es solo una mentira que añadir a la sarta de falsedades a la que es adicto, sino también una falta de respeto, porque juega con las esperanzas de la gente, a las que engaña. Sobre todo cuando se acercan citas con las urnas.

En la Sareb recibieron el anuncio con estupor, saben mejor que nadie cuál es la situación de las supuestas viviendas administradas por el banco malo, pero además los planes del Gobierno sobre cómo actuar contra los okupas presagian situaciones absolutamente inconcebibles. Por injustas, y porque significan que se castiga a los propietarios y se benefician los caraduras que asaltan una vivienda que puede estar vacía porque sus dueños se han ido fuera el fin de semana.

Caraduras que conocen bien las normativas y que no se sabe por qué extraña razón -bueno, sí se sabe, en su mayor parte son personas que no aceptan las reglas de la sociedad, incluida el trabajar para ganarse la vida- destrozan las viviendas en las que se han asentado.

Este Gobierno "de progreso", premia a esos delincuentes y prepara ya, con la ayuda de ERC y Bildu, nuevas normas que amparan aún más a los okupas y dejan indefensos a los propietarios. Muchos de ellos, personas que no tienen donde caerse muertos porque se han quedado sin sus únicas pertenencias. O personas que cuentan con una vivienda propia pero habían dedicado los ahorros de su vida a comprar algo para alquilar y completar así su exigua pensión.

Frente a esa actitud impropia de un país democrático que debe salvaguardar el derecho de los ciudadanos a disponer de su patrimonio, este Gobierno que presume de su gran preocupación por la vivienda se lanza a anunciar planes de vivienda pública cuando es competencia de los ayuntamientos y gobiernos autonómicos. Y pone tope a los alquileres promulgando leyes precedidas de ejemplos que llevan al fracaso. Trata a los propietarios como si todos ellos fueran fondos que invierten miles de millones de dólares y euros en el negocio inmobiliario y dejan en una situación de absoluta indefensión a quienes intentan luchar contra los desalmados okupas que disfrutan, gratis total, de la vivienda que han perdido. Con el añadido de que son los propietarios quienes asumen los gastos de la vivienda ocupada.

No hay mayor desgracia que tener un Gobierno que, aunque ha sido mayoritariamente votado, se ha aliado con lo peor de cada casa, no cumple su palabra, presume de lo que carece, beneficia a quien delinque y castiga a quien pretende llevar una vida honrada.