Cartas

Política de inmigraciónAl Alam (Marruecos)

Educación andaluza

Según datos de la Junta de Andalucía, el 37 por ciento de los escolares andaluces no obtienen el graduado escolar en la ESO. Esta cifra no debería dejar impasible a nadie, porque supone un verdadero escándalo que nos afecta a todos, incluso a los que no tienen hijos en edad escolar: Andalucía está a la cola de Europa en rendimiento escolar. No es un fracaso escolar, es un fracaso social. Hasta ahora, las únicas actuaciones en materia educativa han sido implantar Educación para la Ciudadanía, en perjuicio del resto de las asignaturas, y pretender incentivar a los profesores que consiguen más aprobados en su clase. Cuando el verdadero objetivo debería centrarse en la búsqueda de políticas efectivas a favor de la educación, permanecemos a la espera de soluciones de todos los partidos políticos andaluces, ya que por ahora no han trascendido.

Juan Antonio Jurado (Correo electrónico)

Canon digital

Sigue el debate sobre el polémico canon digital aprobado por el Gobierno Zapatero. El Gobierno socialista tiene perfilado el nuevo listado de tarifas y productos gravados con dicha tasa para 2008. El canon, como recoge la reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ha sido ideada para remunerar a los autores por las copias privadas que los particulares realicen de los contenidos audiovisuales protegidos por los derechos de autor. Sin embargo, las patronales tecnológicas europeas siguen criticando el modelo escogido para aplicar tal compensación. Y es que el canon es algo desproporcionado y arbitrario. De hecho varios municipios de España se suman al objetivo de eliminarlo. El PSOE se queda solo y pierde el apoyo de socios de gobierno en las corporaciones municipales cuando se trata de defender esta tasa, que grava todos aquellos soportes y productos tecnológicos susceptibles de poder almacenar y copiar contenidos audiovisuales protegidos por los derechos de propiedad intelectual. La posición del PSOE no es fácil, ya que los artistas (¡y qué artistas!) le ofrecen su apoyo, especialmente durante la campaña preelectoral y electoral. Ahí tenemos la última entrega de los Goya convertida -de nuevo- en un mitin político de apoyo implícito a las tesis socialistas. Ahora estamos pagando nuestros impuestos al Gobierno, y cada vez que compramos un aparato electrónico le pagamos impuestos a la SGAE, una entidad privada dirigida por personas a las que no elegimos y que distribuyen sus ingresos con un método más que discutible, contrario a la idea de proteger la cultura de la que tanto hablan, ya que le dan más al que más tiene y menos al que menos tiene, lo cual no parece un buen sistema para proteger la cultura. Millones de ciudadanos están en contra de gravar de forma indiscriminada los aparatos de registro y reproducción digital. ¿Por qué? Porque ello presupone considerar que todos los ciudadanos practican la piratería.

Miguel Martínez (Correo electrónico)

El candidato del Partido Popular español a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones, Mariano Rajoy, amenazó, en caso de que gane, con obligar a los inmigrantes residentes en España a que firmen lo que denominó "un compromiso de integración", lo que se considera un hecho sin precedentes en el trato hacia los inmigrantes, que ningún país receptor haya aplicado jamás. El documento, del que Rajoy presentó sus líneas maestras en una reciente reunión en Cataluña, somete a los inmigrantes a una obediencia absoluta a las leyes, un respeto de las costumbres españolas, aprender la lengua española, pagar los impuestos, obrar activamente para la integración en la sociedad española y volver a sus países de origen en caso de que no encuentren trabajo en España. Los observadores consideran que la llamada de Rajoy representa un grave punto de inflexión en la política española de inmigración. A pesar de la diferencia de forma, lo que ha propuesto se parece a lo que propuso Nicolás Sarkozy. (...) Rajoy, se compromete a otorgar al inmigrante los mismos derechos, a ayudarle a la integración, y a respetar sus costumbres y creencias, a condición que no se contradigan con las leyes españolas. (...)

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