Toda propuesta de un gobierno, sea de tipo local, autonómico o estatal, es electoralista si se realiza en vísperas de elecciones. Pero es que esas fechas se caracterizan por eso: por la exposición de diferentes propuestas en función de las que se supone que decidimos nuestro voto los ciudadanos. En consecuencia, tanto si la Junta de Andalucía anuncia una ley para legalizar los regadíos ilegales del entorno de Doñana como si el gobierno central anuncia que movilizará 50.000 viviendas de la Sareb, nos encontramos ante propuestas electoralistas. Eso sí, propuestas que ayudan a decantar el voto hacia unos u otros en función de las preocupaciones que manifiestan y los intereses que creemos prioritarios.

Las viviendas de la Sareb están donde están. Es decir, donde los promotores de boom pensaron que podían hacer negocio antes de que les cogiera la crisis. Y desde luego, ya no son las mejores ni las mejor situadas. Esas, se las han ido quedando los nuevos promotores a medida que el coste al que se las ofrecía el banco malo y el nuevo precio de la vivienda les iba proporcionando el margen de beneficios que ellos consideraban adecuado. Tampoco serán las que se encuentren en mejor estado. Una construcción abandonada a medias se vandaliza rápidamente. Pero siendo eso cierto, tampoco deja de serlo que dichos inmuebles tienen un valor y cierto camino recorrido en su construcción, en un país donde la política de promoción de vivienda pública ha desaparecido en la práctica. Que la apuesta que no se puede materializar de la noche a la mañana solo le quita el valor de la inmediatez de su realización. Pero si la construcción de una promoción nueva no emplea menos de cuatro años, cuando todo va bien, que los trabajos de habitabilidad que puede demandar parte de este parque se lleven entre 6 y 12 meses no parece que sea un problema. Como tampoco lo es que estas viviendas no den respuesta a toda la demanda. En 2022, el número de calificaciones provisionales de vivienda protegida apenas superó las 1.600 en todo el país. La salida al mercado de las 602 viviendas que tiene la Sareb en la provincia de Málaga en condiciones asequibles no resolvería la situación, pero mejoraría la vida de otras tantas familias. Más de un tercio de las que encontraron respuesta en toda España el año pasado.

Pero lo dicho, se trata de una propuesta electoralista. Ahora se trata de conocer las demás propuestas.