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Dos explicaciones pueden darse a la insólita decisión del Gobierno de impedir la asistencia del Rey a la solemne entrega de despachos a los nuevos jueces (29 hombres, 33 mujeres) salidos de la Escuela Judicial, con sede en Cataluña. La Casa Real había anunciado la presencia de Felipe VI, habitual desde que asumió la Corona, y los organizadores la pregonaban en las invitaciones oficiales. Hasta que llegó Pedro Sánchez y mandó lo contrario. Tiene competencia para ello.
Las dos explicaciones no son malas, es que son peores. Una es la que, con algunos circunloquios, ha terminado sugiriendo el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo: la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger a las instituciones, y sin duda la Monarquía lo es. Así pues, el veto respondería a la necesidad de protección del vetado. ¿Protección frente a qué? Si es frente a posibles manifestaciones hostiles de los partidos y grupos independentistas carece de sentido. A la Escuela Judicial se puede acceder en helicóptero y bastaría un despliegue policial normalito para mantener a raya a los hipotéticos activistas furibundos.
Por lo demás, el Rey conoce cómo se las gasta el sector vandálico del secesionismo ha visto las quemas de su efigie y ha vivido directamente el odio que le profesa una minoría ruidosa de catalanes (concretamente, en la concentración en Barcelona tras los ataques yihadistas de agosto de 2017). A pesar de eso quería entregar los despachos a los nuevos jueces, como cada año desde 2014, y por eso se ha encargado de que se sepa que su ausencia la han decidido otros que legalmente podían decidirla. La sobreprotección estaba de más. El Gobierno ha aplicado aquella cacicada de "para que no haya disturbios, que no salga la procesión", en un asunto en que la procesión debe salir. Supone una claudicación que el Estado renuncie a la actividad normal de su institución suprema y arbitral por unos cuantos gritos y pancartas. Sería como admitir su incapacidad.
La segunda explicación no ha sido verbalizada, se deduce del contexto. La prohibición sería un gesto de acercamiento a los independentistas catalanes: se evita el viaje a Cataluña del Monarca que tanto les molesta, en los días en que el Gobierno necesita sus votos para sacar adelante los Presupuestos de 2021, imprescindibles para seguir en el poder. Otras maniobras gubernamentales apuntalan esta hipótesis. Sería también una claudicación, en este caso con indignidad incorporada. Lo vemos mañana.
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