Los personajes públicos cada vez son más relevantes para generar debates sociales. Puede gustar más o menos pero es el signo de los tiempos. Por ello, la imagen de Ana García Obregón saliendo de un hospital de Miami con una niña en brazos ha avivado el debate en España sobre los vientres de alquiler. Hasta el punto de que el PP, que siempre se había opuesto a esa práctica, a diferencia de Ciudadanos, hablaba un día de regularla cuando no hubiera "interés mercantil", aunque al día siguiente daba marcha atrás. Es, sin duda, un debate interesante sobre el cual hay que tener posición, no sirve el "bienqueda". De la misma forma que sobran las palabras gruesas pues están implicados sentimientos.

Hay personas que a través de los vientres de alquiler quieren satisfacer su deseo de maternidad o paternidad y ello ha generado un negocio en algunos países del mundo. Lo comprobamos al iniciarse la guerra de Putin en Ucrania, cuando se hablaba de granjas de mujeres gestantes en ese país, que habían sido contratadas por familias de todo el mundo y tenían dificultades para cumplir su contrato como consecuencia de la guerra. Estas familias apelan a su libertad de ser padres o madres a través del método que consideren más adecuado.

Sin embargo, en el otro platillo de la balanza están esas mujeres que van a parir un hijo para otros. A mi juicio, alquilar un vientre a cambio de una contraprestación económica es contrario a la dignidad de la persona, de la misma forma que lo es esclavizarse. No todos los derechos son renunciables, en ejercicio de la libertad. La libertad encuentra un límite constitucional en la dignidad de cualquiera persona, al margen de su nacionalidad o su situación administrativa. Y esto es aplicable al margen del "interés mercantil". Sabemos que en la realidad el altruismo no existe, por más que sea la excusa habitual para defender la legalización de esta práctica. Lo que existe es un mercado globalizado de vientres de alquiler. Un mercado que se ampara en la libertad pero que, inevitablemente, afecta a la dignidad de la persona cuyo cuerpo es utilizado para la gestación de los hijos de otro. Por ello, es lógico que los organismos internacionales de derechos se opongan frontalmente a estas prácticas y la mayoría de los ordenamientos jurídicos las prohíban, sin eufemismos ni excepciones que faciliten su ejercicio. En España, es considerada violencia contra las mujeres. Y es que difícilmente puede tener cabida en una Constitución que considera la dignidad de la persona fundamento del orden político y de la paz social.