La situación económica actual invita a los diferentes gobiernos a actuar para liberar a los ciudadanos de la presión fiscal existente. Cuando se alcanzan récords de recaudación más allá de lo presupuestado, especialmente debidas al alza de los precios, es necesario devolver parte de ese capital a sus propietarios originales. De lo contrario se hará crecer nuevamente la tan temida economía sumergida y en eso España tiene una larga experiencia.

En el caso del Ministerio de Hacienda, querer disfrazarse de Robin Hood cuando se es el sheriff de Nottingham es totalmente absurdo. Hablar del impuesto de solidaridad solo para ricos, como si los impuestos de los demás no fuesen claramente solidarios, es de una banalidad tal que nos provoca vergüenza ajena. La costumbre de tratar de esconder ante la opinión pública los sablazos fiscales con nombres grandilocuentes ya no engaña a nadie y de ahí que no le hagan caso siquiera los propios barones socialistas. Cabría recordar que Robin robaba a los ricos para dárselo a los pobres y no se puede querer recuperar 120 millones de impuestos de patrimonio no recaudados en Andalucía el mismo día que Pedro Sánchez anuncia la entrega de 130 millones a la fundación Bill Gates. Porque al final esto es robar a los ricos para dárselo a los aún más ricos, y encima sacando los capitales fuera de España.

Ahora se tacha de brujos a los que quieran redistribuir los impuestos. Nuevamente, y con esta terminología tan propia de los bosques de Sherwood, se nos retrotrae a ese ensoñamiento mitológico de nuestros gobernantes. Está claro que las lecturas veraniegas de las aventuras del Rey Arturo están haciendo mucho daño. De ahí que el partido socialista esté bajando impuestos en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana y pronto lo haga en Castilla la Mancha y en Extremadura, salvo que haya tirado definitivamente la toalla electoral en sus propios territorios.

El problema principal es que se necesitaba recaudar 220.000 millones y se van a recaudar 250.000, por tanto hay que empezar a devolver estos excesos. Y no puede ser a través de milongas como los 400 euros de bono cultural a los que cumplan 18 años porque, lo primero que pensaran la mayoría de los jóvenes desde su buen juicio, es si pueden gastar ese dinero para ayudar a sus padres a pagar la luz o a comprar algo de comida para casa, porque ellos también sufren el no poder llegar a fin de mes.