Si nos comportáramos solo por lo que está recogido como normas de obligado cumplimiento en los textos jurídicos tendríamos problemas de convivencia; entre otras razones, porque existen otras pautas de conducta admitidas como acuerdos consuetudinarios, muchos de los cuales se consideran enmarcados dentro de lo que habitualmente se denomina tener educación. Así, si vemos a una persona con cierta dificultad para andar, aunque sea leve, es de recibo que le cedamos el paso cuando proceda. Si alguien no lo hace y nos explica el porqué, podrá decirnos, entre otras cosas, que no tiene obligación y que está actuando dentro de la legalidad. Cierto pero otros opinaremos que eso no está bien o que al susodicho le falta sensibilidad para con los demás. De todas formas, menos mal que dichos textos no llegan a cada uno de los rincones de nuestras interacciones y decisiones personales pues se caería en una excesiva y tormentosa reglamentación de la vida que tampoco ayudaría a la concordia. Ahondando un poco más o elevando el plano de reflexión, viene bien recordar que la ética y el derecho comparten ámbitos pero que no son intercambiables, habiendo casos en los que los hechos nos sugerirán atender a lo primero o a lo segundo pero en detrimento de la otra parte, generándose dilemas que pondrán a prueba a quienes se decanten por una u otra opción. Eso ocurrió, por ejemplo, tras los atentados del 11-S, en un parlamento -si mal no recuerdo, el alemán- donde se debatía si se debía derribar un avión de pasajeros, si había en él terroristas que pudieran estrellarlo contra una población. Pues bien, en política es frecuente esta clase de disyuntivas, en las que un sí o un no se verán acompañados de objeciones de peso. Son situaciones conflictivas porque cada parte tiene suficientes razones a favor. En días pasados el PSOE le ha metido un gol a PP y Cs, con la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria -de 2012 y que obliga a que el déficit del Gobierno de turno sea aprobado por el Congreso y el Senado- a través de la Ley de Violencia de Género, que está tramitando la Comisión de Justicia, donde tiene mayoría. Nadie se opone a esta última ley, pero ¿en esa comisión lo del déficit? Estos ardides han sido puesto en entredicho por el Tribunal Constitucional, pero Pedro Sánchez sigue para adelante basándose en que es legal. De acuerdo, pero desde la ética democrática, desde esa transparencia y regeneración que se pregona a boca llena, ¿es ese el camino a seguir?