El artículo 10.1 de la Constitución dice que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social en España. Y lo dice en el pórtico del Título I, dedicado a los derechos y libertades. Ha seguido en este punto, como en tantas otras cuestiones, a la Constitución de Alemania cuando en su artículo 1 señala que respetar y proteger la dignidad humana es obligación de todo poder público. En definitiva, nuestro sistema político se fundamenta en la dignidad, sin cuyo reconocimiento, garantía y protección no resulta posible la convivencia pacífica.

Cuando la Constitución se refiere a la persona no distingue su nacionalidad, su situación administrativa, su raza, su lengua, su religión, su orientación sexual o cualquier otra circunstancia personal o social. La dignidad de la persona debe ser respetada por el hecho de ser persona. Por ello, se da un trato indigno, de palabra o de obra, al inmigrante que llega a nuestras costas, no estamos ante un simple incumplimiento constitucional como se incumple el art. 122 cuando se bloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En ese caso se está atacando el pilar básico de nuestra democracia constitucional.

Conviene recordarlo cuando la derecha española parece dispuesta a utilizar el rechazo a las personas migradas en el debate electoral. Hasta ahora había sido un argumento menos manoseado que en otros países de nuestro entorno. Quizás el recuerdo de nuestro reciente pasado como inmigrantes o incluso la influencia del catolicismo como su “amor al prójimo” habían tenido algo que ver. Sin embargo, tras lo escuchado la semana pasada parece que iniciamos una nueva etapa. Me preocupa especialmente la normalidad con la que se acepta la deshumanización en las referencias a las personas migradas. Y no sólo es Vox sino que ese discurso está extendiéndose al conjunto de la derecha española. Se les llama “menas” para ocultar que son menores no acompañados, necesitados, por tanto, de una especial protección; habla un concejal de “marcar” a las personas que llegan en cayucos como si fueran animales sin que tenga consecuencias políticas o la propia Presidenta de la Comunidad de Madrid cosifica a estas personas hablando de “fardos”. El tratamiento humanitario, de palabra y de obra, no es sólo una obligación ética o religiosa que nos hace mejores personas. Es una exigencia constitucional. Quienes deshumanizan a los inmigrantes en situación irregular vulneran su dignidad como personas y, con ello, no sólo se están situando fuera de la Constitución sino claramente en contra de ella.