Gasta tú y pago yo

Decía el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que “nadie debe temer en España que Cataluña despliegue todo su potencial” tras anunciar inversiones por valor de 18.500 millones de euros. Habría que aclararle que no confunda el foco del miedo, porque lo que realmente nos tememos es que todos esos gastos acabemos pagándolo el resto. Y, evidentemente, sin el más mínimo reconocimiento ni agradecimiento por parte del supremacismo catalán y su cohorte de instituciones y empresarios derrochadores.

La frase por la que pasará a la historia la exministra Carmen Calvo fue que “el dinero público no es de nadie”. Bajo ese axioma se ha fundamentado toda la irresponsabilidad económica de los partidos independentistas. Si quieres mis votos pasa por caja, es la máxima con la que han sometido a los grandes partidos de este país. El problema actual es que vivimos tiempos donde el partido gobernante perdió las elecciones y trata de continuar en minoría aceptando cualquier condición. Y esa debilidad se ha hecho tan patente, después de despedazar el decreto ómnibus para tratar de aprobar el microbús, que la sorna y el desprecio de los contrincantes es permanente. Meter el palacete parisino junto a la revalorización de las pensiones, para que el PP no lo votara, ha sido una estrategia tan infantil que ni siquiera había argumentario para agradecer el gesto de apoyo, y las declaraciones de los ministros han sido realmente patéticas.

Según los últimos informes de FEDEA, los gastos actuales de intereses por la deuda catalana suman más que toda la andaluza y valenciana juntas, encabezando este triste ranking deficitario entre las comunidades autónomas españolas. Mientras tanto el 80% de las nuevas empresas inscritas en la Seguridad Social en España en 2024 son andaluzas, y esta dinámica tanto económica como de crecimiento laboral va en aumento. Y ahora llega el momento en que Cataluña, empeñada hasta las cejas por su sanidad descontrolada, por su red de embajadas insaciables y por unos gobernantes sin principios ni orientación, exigirá la condonación de su deuda, dada su incapacidad para afrontar los créditos. ¿Ese es el potencial que pretende desplegar Cataluña tras su inacción durante años y el descrédito de sus estructuras? Falta haría que no estuviera telegobernada desde Waterloo y que su Generalitat dejase de funcionar como una sucursal bancaria con presidencia en el extranjero.