El indulto de Griñán se ha convertido en una cuestión más política que jurídica. La secretaria general del PP ha dicho que "es impresentable" que el Gobierno se plantee indultar al ex presidente de la Junta. A Podemos tampoco le gusta. Pedro Sánchez tiene una patata caliente, haga lo que haga quedará en evidencia ante una parte de la opinión pública. El Partido Popular ha sido acusación particular en el caso. Pero sorprende que también en este tema practique la doctrina Moreno. Los duros, ya sean Gamarra o Bendodo, con el mazo dando. Mientras el bueno de la casa, Feijóo, dijo hace un mes que no tiene ningún interés personal ni político en ver en prisión a un ex presidente de la Junta, que comprende la dramática situación familiar que eso supone. Y dejaba abierta una puerta: "este tipo de decisiones no se pueden resolver de forma unilateral".

El caso es político desde el principio. No se explica fraude y corrupción tan dilatados en el tiempo, sin un interés especial de algunos jefes territoriales del PSOE en que se atendiera a empresas en crisis de su zona. Un triple clientelismo: favorecer a poblaciones concretas; beneficiar a unas provincias más que a otras, Sevilla, Jaén o Cádiz, donde la influencia de sus líderes provinciales sobre la cúpula regional era mayor, y apoyar a unas familias socialistas frente a otras. Pero el PP no tuvo interés de tirar de ese hilo de la madeja, ni en los tribunales ni en la comisión de investigación del Parlamento Andaluz. Si buscaba piezas de caza mayor, Griñán era la cabeza mayúscula.

Nadie discute que hubo corrupción y fraude. Sólo se dirime de quién fue la culpa y hasta qué punto. Y, en el caso del indulto, si deben o no ir a la cárcel por malversación los responsables de las consejerías de Innovación y Hacienda. Hay serias dudas. Los seis magistrados del Supremo que han examinado esta causa están divididos. Los tres que han condenado en la sentencia conocida esta semana lo hacen de manera categórica. Sin embargo, el juez instructor cuando Griñán estaba aforado y las dos magistradas de la Sala de los Penal que han hecho un voto particular no consideran acreditada la malversación de los cinco condenados a prisión ajenos a la Consejería de Empleo. Y califican el fallo como un salto en el vacío sin fundamento.

Ese voto particular no se refiere sólo a Griñán, también a su viceconsejera Carmen Martínez Aguayo, al consejero de Innovación Francisco Vallejo, a su viceconsejero Jesús María Rodríguez y al director de la Agencia Idea Miguel Ángel Serrano. Puesto a haber indulto, debería ser para los cinco.