Una inflación desbocada

Tanto el agua como la energía son bienes básicos, y deben ser controlados por la Administración

En los últimos tiempos la subida de los precios en nuestro país no deja de crecer desaforadamente. La obsesión por regular dichas subidas, topar los precios, someter los alquileres o culpabilizar a las empresas esconde, en el fondo, un sinfín de falsas justificaciones para que nadie analice las causas y sólo se hable de sus consecuencias. Pero, como bien es sabido, el problema radica en el descontrol del precio de la energía, cuya solución sólo compete al Estado. Pero ¿hay voluntad de resolverlo?

Hace años que la capacidad de la infraestructura eléctrica de nuestro país está saturada. Desde Europa se nos ha avisado una y mil veces que debíamos incrementarla, impulsando grandes líneas de transmisión, completando las que se usan al 50% y multiplicando el número de nuevos puntos de evacuación. En paralelo se han desarrollado un sinfín de huertos solares, generadores eólicos y sistemas de cogeneración que no pueden volcar su producción a la red principal. Con ello se impide la bajada de los precios de la energía y se condiciona el uso de las fuentes renovables, aunque después se pontifique con el compromiso con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

Todo ello trae consigo un incremento espectacular del precio de la energía y, consecuentemente, una recaudación de impuestos sin precedentes en nuestra historia. Es evidente que esta subida de la principal materia prima se repercute en todos los sectores productivos, llegando finalmente al bolsillo de cada ciudadano. De ahí que surjan tantas dudas, al observar la inacción de nuestros gobernantes, ante la posibilidad de disminuir el precio de la energía eléctrica mejorando nuestra red general de distribución. Está claro que, si poseemos nuevas fuentes de suministros tras haber convencido a tantos ciudadanos para que apuesten por la generación fotovoltaica y el autoconsumo, no podemos seguir prescindiendo de ellas.

Hasta hace unos años las grandes compañías eléctricas sometían e intervenían, con sus monopolios regionales, el precio de la energía. Pero hoy es el Estado el máximo responsable de su control, mejora y diversificación, y no puede seguir amasando ingentes cantidades de impuestos empobreciendo a la población. Tanto el agua como la energía son bienes básicos, y deben ser controlados por la Administración, pero con los objetivos de mejorar su calidad y disminuir sus costes, no como fin de su afán recaudatorio.

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