La ley del silencio

Si algo sobresale en la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía es que, según pasan los días, son tantas las cuestiones planteadas como los enigmas por resolver. Lo que parece evidente es que ante un problema de salud pública que, en principio, afecta la confianza y a la salud de dos mil andaluzas parece necesario, aunque sea por una vez, dos cosas: lealtad institucional y consenso entre las autonomías y el gobierno, aunque no ello no vaya a suceder.

Se trata de un problema de salud pública que afecta de una manera directa a la confianza de los ciudadanos y resulta imprescindible una cooperación entre las autonomías gobernadas por el PP y el Ministerio de Sanidad para, en este sentido, detectar cuál es el impacto real del problema en nuestro país según los datos disponibles. El presidente andaluz se ha disculpado públicamente por el asunto y cesó con rapidez a Rocío Hernández, sustituyéndola por Antonio Sanz, consejero de Presidencia y político curtido en mil batallas pero al que se ha criticado su falta preparación y experiencia en la gestión sanitaria. La sanidad ha sido uno de los puntos débiles de sus siete años de gobierno –Andalucía es una de las autonomías con los médicos peor pagados, largas listas de esperas para la atención de un especialista o de una operación, etc-. Sin embargo, lo grave de todo esto es hasta qué punto puede quebrar la confianza en la política sanitaria del gobierno andaluz en la medida en que el cáncer depende de una política preventiva que sólo es útil y eficaz si funciona adecuadamente el diagnóstico y la información. El problema aquí es saber si se trata sólo de un grave error en la política sanitaria de un gobierno o, si dentro de un análisis más estructural es la consecuencia de un modelo: el de la implementación de un modelo de privatización de la sanidad. Políticamente, resulta delicado. Los ciudadanos suelen valorar siempre positivamente la educación y la sanidad públicas y, claro está, el Estado de Bienestar.

El ministerio ha pedido los datos a las autonomías. Andalucía ha pedido que se reuniera el Consejo Interterritorial de Salud —donde se sientan el Gobierno central y los Ejecutivos regionales— para analizar el estado de la cuestión en todos los territorios, la respuesta de las autonomías gobernadas por los populares ha sido, la ley del silencio. Moreno Bonilla tiene un problema con los cribados del cáncer de mama y, sin duda, debe resolverlo para que no le afecte a su credibilidad política a ocho meses de las elecciones. No parece que sus colegas de partido, encabezados por Ayuso y Feijóo le vayan a echar una mano. En cualquier caso, esa falta lealtad institucional y de consenso en un tema de salud pública no parece que sean el camino para recuperar la confianza de las dos mil mujeres andaluzas que siguen con inquietud los resultados de esas pruebas. Muy preocupante.