Postrimerías
Ignacio F. Garmendia
Ultramar
Punto de vista
Irene Montero quería apuntarse un tanto con la ley del sólo sí es sí y sorprende que la haya publicado sin someterse a la opinión de personas competentes y autorizadas. El resultado ha sido una ruina y, lo que es mucho peor, se niega a cualquier cambio, cuando el mundo del Derecho admite varias opiniones. En todos los ministerios hay abogados del Estado cuya misión es asesorar en Derecho y, como el error jurídico que se comete en esa ley es de bulto, se tiene la impresión de haber prescindido del trámite. Para el partido Podemos el problema no está en la ley, sino en la aplicación que han hecho los jueces de la norma y rechaza la propuesta del Ministerio de Justicia de volver a las penas anteriores a esta norma. Por parte de Podemos se ha planteado una propuesta que mantiene las penas anteriores a la ley del sólo sí es sí, si en las agresiones se ha empleado violencia e intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Y si hay penetración propone una pena de 6 a 12 años de prisión. Para que se pueda imponer una reducción de condena al agresor, el tribunal habrá de razonarlo siempre que haya existido violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada, por cualquier causa su voluntad o no concurrieren las circunstancias del artículo 180 de la ley.
Los de Podemos dicen que el problema no está en la ley, sino en cómo la aplican los jueces. Y se muestran los socialistas tan seguros de su propuesta, que presentarán la reforma por su cuenta si no hay acuerdo. La portavoz estatal de la formación morada reduce la cuestión a que la aplicación incorrecta de la ley no es culpa de ella, sino de que una minoría de jueces han aplicado incorrectamente la ley. Pero Podemos ha rechazado cualquier cambio de la ley que suponga volver al modelo anterior. Lo del "modelo anterior" se aprecia en la propuesta del Ministerio de Justicia, al que acusan de estar presionado por el PP y sectores conservadores. Y sentada esta afirmación, concluyen que el problema no está en el texto que se ha presentado, sino en esa mala aplicación por parte de una minoría de jueces. Para que esto no ocurra proponen un plan de medidas urgentes, como es la especialización judicial en la formación de violencias sexuales.
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