JUAN Antonio Roca se está desembarazando del capital que acopió en Marbella durante su época de turbio asesor de urbanismo. La vedette del caso Malaya, el tipo listo que se forraba en la sombra mientras sus compinches se forraban a la luz de focos televisivos, abandona sus bienes como una vez los rebañó. Sólo que de forma más rápida y visible… y polémica. Después de todo no se discute lo que no se puede ver (o no se quiere ver: si el dinero cabe en el tímido espacio de una libreta bancaria, los tochos con vistas al mar difícilmente se escapaban a un juez o un político atento) pero ahora el discurrir del caso, que fluye por las páginas de nacional y los platós de petardos, hace que todos lo miren, opinen y critiquen. No sólo a Roca sino también al que mira desde la otra orilla.

El astuto y amnésico cerebro de la trama ha aceptado que el tribunal ponga a la venta su botín. Roca tiene problemas de liquidez, como pasa con los ricos genuinos, que nunca llevan dinero suelto. Aparte de las deudas con la Justicia, ha contraído otras con Hacienda y con varios bancos, que son deudos que no olvidan. Para saldarlas ya han colocado siete mercedes que un día detentó (quedan más) y en la sala Sotheby's subastarán sus cuadros. Hay ofertas para su helicóptero y una imperiosa impaciencia por endilgar los caballos, que comen como descosidos. Mejor librarse hasta de la última alfombra antes de que quiebre el tapiz de sociedades a nombre del acusado.

Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno marbellí, ha protestado porque la restitución no llega a Marbella. Acusa al Gobierno de la nación de hacer "negocios" con ese patrimonio que, afirma, perteneció al pueblo. El Ayuntamiento también debe lo indecible tras el paso del GIL y Gil por sus pasillos; sólo a la Seguridad Social, 300 millones. Nadie tiene intención de perdonar tanta trampa al Consistorio, la institución más vapuleada y la que peor va a llevar la recuperación. El dinero también fluye, sí; pero no suele remontar su curso.