Cuando se analiza el funcionamiento del Estado durante la pandemia de la Covid-19 hay un elemento destacado: las relaciones de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas se han desarrollado mejor que nunca. La debilidad de la colaboración había sido una de las carencias tradicionales del Estado autonómico. La Constitución no había incluido las técnicas propias del federalismo y, en el ejercicio de sus competencias respectivas, Estado y Comunidades habían actuado de espaldas entre sí. Sin embargo, algo ha cambiado. En apenas un año se ha reunido 16 veces la Conferencia de Presidencias o prácticamente cada semana se ha reunido el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La atención informativa a los conflictos con una determinada Comunidad Autónoma, y no precisamente una de las regiones "ariscas" en terminología orteguiana, puede llevarnos a confusión. El conflicto no ha sido la regla general sino la excepción, como relata Salvador Illa en su libro El año de la pandemia. Se han suscrito numerosos acuerdos entre las Comunidades Autónomas y el Estado en el marco de la cooperación voluntaria y cuando el Estado ha ejercido la coordinación, a través de las Actuaciones Coordinadas, también lo ha hecho con la participación de los territorios, sin apenas conflictos, Ayuso al margen. Debemos esperar, en cualquier caso, que a partir de ahora se mantenga este espíritu de colaboración también en tiempos de normalidad.

Sin embargo, precisamente por el avance advertido en la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, resalta más que las Comunidades no hayan trasladado ese modelo a su relación con los municipios. En ese ámbito no se han producido avances. Pese a ser la administración local aquella a la que ha acudido en primer lugar la ciudadanía ante sus múltiples necesidades y ha debido ejercer sus competencias sobre centros escolares o servicios sociales en condiciones extraordinarias, las Comunidades no han apoyado a los municipios a través de acuerdos de colaboración como el Estado ha hecho con ellas. El caso de Andalucía es paradigmático. Los municipios han clamado por la colaboración autonómica sin ser escuchados y sin tener siquiera un cauce a través del cual trasladar sus necesidades. El Estatuto de Autonomía prevé la creación de un órgano mixto de diálogo y colaboración institucional de la Comunidad Autónoma con los municipios. Sin embargo, en la práctica no existe. Por ello, una de las enseñanzas a extraer de este tiempo es que las Comunidades Autónomas deben colaborar con los municipios como el Estado lo hace con ellas pues los municipios también existen.