‘Okupación’

24 de enero 2025 - 03:07

La okupación en Málaga se ha convertido en un problema cada vez más preocupante que afecta tanto a propietarios como a ciudadanos que buscan una vivienda. La combinación de precios disparados, una oferta de alquiler cada vez más reducida y la sensación de impunidad legal ha generado un clima de incertidumbre que amenaza con enquistarse. Mientras la ciudad continúa atrayendo inversiones y turistas, cientos de malagueños se ven atrapados entre la falta de vivienda asequible y el temor a que sus propiedades sean okupadas sin que las autoridades actúen con la celeridad que se espera.

En Málaga, los casos de okupación han crecido de forma alarmante en los últimos años. No se trata solo de personas en situación de vulnerabilidad que buscan un techo, sino de auténticas mafias organizadas que hacen negocio revendiendo viviendas okupadas, alterando la convivencia en barrios enteros y degradando el valor de los inmuebles. Las comunidades de vecinos denuncian el aumento de problemas de seguridad e higiene, mientras que los propietarios afectados se ven atrapados en procesos judiciales interminables, pagando impuestos y gastos de mantenimiento sin poder recuperar sus propiedades.

Sobre el papel, la idea parece lógica: reducir el número de viviendas desocupadas para aliviar la presión sobre el mercado; sin embargo, la realidad es más compleja. El Partido Popular ha propuesto una ley para agilizar los desalojos y fomentar el alquiler de las más de 150.000 viviendas vacías que existen en la provincia. Muchos de estos inmuebles pertenecen a bancos y grandes fondos de inversión que prefieren mantenerlos fuera del mercado a la espera de una mayor rentabilidad, mientras que los pequeños propietarios temen arriesgarse a alquilar sus viviendas por miedo a la okupación o a la morosidad.

Los ciudadanos son quienes sufren las consecuencias de una política de vivienda errática. Las familias trabajadoras ven cómo se les hace cada vez más difícil encontrar una vivienda digna, mientras que las administraciones públicas parecen incapaces de ofrecer soluciones efectivas. Lejos de ser un fenómeno puntual, la okupación es el resultado de la falta de planificación y de una legislación que, en muchos casos, deja más desprotegido al propietario que al okupa.

Málaga necesita soluciones efectivas, no simples parches legislativos que solo sirven para calmar momentáneamente la indignación social. Es necesario un plan de vivienda integral que aborde el problema desde varias perspectivas: una normativa más ágil para desalojar okupas ilegales, incentivos para poner en el mercado viviendas vacías y, sobre todo, una mayor inversión en vivienda pública que garantice un acceso digno para quienes realmente lo necesitan. Si no se toman medidas urgentes, Málaga corre el riesgo de convertirse en un lugar donde solo unos pocos pueden permitirse vivir, mientras la mayoría se ve obligada a buscar soluciones desesperadas o a abandonar la ciudad en busca de alternativas más asequibles.

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