Oportunidad perdida

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, y no hay lugar donde este problema sea más visible que en Málaga. Con unos precios que no dejan de aumentar y una oferta que no logra satisfacer la demanda, resulta inevitable preguntarse: ¿qué está haciendo la administración pública para cambiar este panorama? Desafortunadamente, la respuesta parece ser “poco”. Y, lo que es peor, la mayoría de las acciones que se llevan a cabo parecen centrarse en parches a corto plazo, dejando de lado las reformas estructurales que realmente marcarían la diferencia.

Uno de los principales obstáculos para resolver esta crisis es la falta de iniciativa pública para desregular el mercado. En lugar de eliminar barreras y facilitar la creación de más vivienda, las administraciones a menudo imponen trabas burocráticas, regulaciones complejas y requisitos interminables que terminan por desincentivar a los promotores y ahuyentar la inversión. Este exceso de control no solo dificulta el desarrollo de nuevos proyectos, sino que también encarece el proceso de construcción, elevando aún más el precio final de las viviendas.

Una mayor desregulación podría permitir que los constructores respondan de forma más ágil a la demanda. Si fuera más sencillo y rápido obtener permisos de construcción, los promotores tendrían menos riesgos económicos y más incentivos para empezar nuevos proyectos. Esto, a su vez, incrementaría la oferta de viviendas en el mercado, lo que acabaría ejerciendo una presión a la baja sobre los precios. Sin embargo, este tipo de planteamientos apenas se discuten en el ámbito público, donde prevalecen las políticas restrictivas y la falta de visión de largo plazo.

Otro punto crítico es la escasa disposición de las administraciones para facilitar el cambio de uso de terrenos o simplificar los procesos urbanísticos. En muchas ocasiones, hay suelo disponible que no se puede utilizar debido a normativas arcaicas que ya no tienen sentido en el contexto actual. Reformar estas normas, agilizar trámites y eliminar restricciones innecesarias permitiría poner en el mercado más terrenos edificables, algo que Málaga necesita urgentemente para equilibrar la oferta y la demanda. Pero en lugar de liderar este tipo de reformas, las administraciones parecen centrarse en medidas de control de precios, restricciones al alquiler turístico o subvenciones que terminan por generar más distorsiones en el mercado.

En definitiva, Málaga no solo enfrenta una crisis de vivienda; enfrenta también una crisis de liderazgo público. Mientras las administraciones sigan enfocándose en restricciones y controles, en lugar de en la desregulación y la apertura de oportunidades, la oferta no aumentará lo suficiente como para equilibrar el mercado. La falta de iniciativa pública en esta dirección no es simplemente un problema administrativo; es un obstáculo que perpetúa la exclusión, eleva los costes y dificulta que miles de ciudadanos encuentren un hogar.