El procés catalán tuvo un fuerte apoyo popular, aunque no el suficiente para evidenciar la existencia de una amplia e incontestable mayoría a favor de la independencia. De hecho, ni las elecciones plebiscitarias convocadas por Artur Mas, ni las posteriormente celebradas como consecuencia de la disolución del Parlament bajo la aplicación del 155 constataron dicha mayoría inequívoca. En todo caso, el apoyo a formaciones que de forma expresa se comprometieron con un referéndum ilegal de independencia fue suficiente como para que se asumiera que España tenía un problema de integración territorial. Por otro lado, el independentismo, incapaz de quebrar la unidad del Estado español, sí quebró en muchos ámbitos a la propia sociedad catalana. Al problema de integración territorial del Estado se superponía así un problema de integración social en Cataluña. Esta semana, la derecha independentista catalana, quinta fuerza electoral en Cataluña en las últimas elecciones, y el partido socialista pactaban una amnistía general para el independentismo a cambio de la investidura. Los términos de este negocio privado, en el que se acuerda asumir como cierto el relato de los hechos que dan lugar al procés cifrado por el independentismo, no servirán para afrontar nuestro problema de integración territorial. La cuestión territorial española no puede resolverse sin la participación en ese acuerdo del principal partido de centro-derecha (y del país) ni cabe tampoco integrar socialmente a Cataluña sin que se produzca un mínimo reconocimiento por quienes impulsaron un referéndum ilegal del desprecio que esto significó para una parte de la propia ciudadanía catalana. En todo caso, este pacto no romperá España ni nuestro Estado de Derecho. La institucionalidad del Estado español, si bien ya maltrecha en muchos ámbitos, no va a perecer por la ley de amnistía. Lo que sí ha inaugurado la forma en que el presidente ha negociado su permanencia en el poder es una era caracterizada por la desintegración política. Que el ex presidente Zapatero haya calificado un acuerdo entre el PSOE y Junts como un “pacto de Estado”, o que Íñigo Errejón apele al Gobierno del “pueblo progresista” nos perfila el nuevo esquema mental de la política española. La lucha particular de una facción por simular ser el Pueblo, la Nación o el Estado verdadero. Será difícil escapar de esta perniciosa cultura política, que ofrecerá momentos grotescos, tanto como no reconocer la principal contribución a este legado de quien va a volver a presidir el Gobierno de este país.