No. No son delincuentes". Es el visceral estallido de una parte de nuestro Estado (vicepresidenta del Gobierno), contra otra (Ministro del Interior), con motivo de la actuación policial en Cádiz durante la huelga del metal. Entretanto, mientras micrófonos y huestes podemitas calentaban con su verborrea el enésimo enfrentamiento, la vice contaba bajo la mesa su auténtica intención: los votos que su enfrentamiento resta a su máximo adversario natural, el partido socialista (esto no es nuevo y hace algún año lo advertí en este medio).

Hace falta una desviada lucidez y un máximo endiosamiento para que un Estado sienta que pierde compostura y equilibrio bajo inusitadas y aberrantes guerras de guerrillas. Declaraciones como aquélla reflejan el permanente suicidio institucional al que esta legislatura aboca nuestro Estado de Derecho. El ciudadano hace años dejó de ser tontuelo, y ahora asiste, entre asombro e indignación, a la vergonzosa imagen de un Estado que una y otra vez prepara su autodestrucción.

"Estamos hablando de derechos constitucionales. Defienden legítimamente sus derechos". Mientras decía eso, sus lugartenientes, y en concreto el contertulio Iglesias, defenestraba la imagen de la Policía, denominándola "actuaciones con sesgo ideológico ultraderechista". Olvida el defenestrado candidato madrileño los ataques en Urquinaona, en la comisaría de Vía Layetana; o los destrozos y ataques por las calles de Madrid con motivo de la entrada en prisión del rapero Häsel; o el mitin de Vallecas… aunque tampoco debe extrañarnos si la crítica proviene de quien se emociona al ver que "unos manifestantes agreden a un policía".

Les guste o no, las fuerzas y Cuerpos de Seguridad son Estado. Tienen el deber constitucional de garantizar nuestra convivencia instrumentando para cuando fuere preciso el uso racional de la fuerza, algo que permanentemente olvidan y tendrá sin duda sus consecuencias en un futuro muy cercano. El derecho de huelga no lleva aparejado el destrozo de mobiliario urbano, ni el corte de vías esenciales para situaciones de emergencia, ni el apedreamiento de las unidades policiales, ni las barricadas… No forma parte de ese derecho esencial y justamente protegido en nuestra constitución.

"A veces es complicado. Somos personas. Tenemos familia. Entendemos la protesta, pero cuando actuamos, no es por su protesta. Están en su derecho. Es porque queman coches y contenedores, provocan incendios, taponan acceso a hospitales… esto no son derechos legítimos. Esto es violencia y vandalismo". Lo dijo uno de los policías heridos esta semana.

Decía Kant que "el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos". Quizá sea el único camino para reencontrar nuestro equilibrio como sociedad democrática.