LOS asesores del jeque Al-Thani o de su vicepresidente Moayad Shatat han decidido lanzar un órdago a las tres principales instituciones: Ayuntamiento de Málaga, Diputación y Junta de Andalucía. Les reprochan su falta de apoyo al club y sus trabas para que prosperen los proyectos que han presentado, desde el puerto deportivo de La Bajadilla a la llamada Academia. Y como remate, les recuerda que sí han compartido el éxito deportivo. El único punto en el que les doy la razón.

Es un comunicado populista y demagógico. Además de inoportuno. Abrir este frente cuando está pendiente la resolución del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) sobre el año de sanción no tiene explicación racional alguna. Es fácil tomar como rehén a la afición para atacar a los políticos. Con la credibilidad que estos tienen hoy en día y la pasión que mueve el fútbol, estoy seguro de que muchos seguidores creen a pies juntillas las aseveraciones del grupo catarí. Y si al final venden a los mejores jugadores o incluso la justicia deportiva falla en contra, ya tenemos a los culpables con nombres y apellidos.

Pero en una democracia como la nuestra, muy imperfecta pero real, a diferencia de lo que sucede en el país de origen de estos inversores, el que acusa debe probarlo. Y no encuentro ni un solo argumento en el escrito para llegar a la conclusión de que lo que denuncian es cierto. Al margen de esa abundante presencia política en el palco o incluso en viajes, como invitados del Málaga, de algunos dirigentes políticos ahora señalados. Supongo que aprenderán la lección.

Le agradezco a Al-Thani que se hayan gastado 140 millones en el Málaga, aunque está claro que no lo hicieron por amor al club sino como estrategia de su negocio. Ahí está la insólita alusión al problema del puerto marbellí en un comunicado de una institución deportiva. No creo que tuvieran pensado repartir entre los socios los beneficios que estimaron al promover sus, de momento, fallidas operaciones urbanísticas.

Me parece muy bien que la Champions haya supuesto un impacto promocional para la provincia de 325 millones de euros. No sé si ahí descuentan el coste de imagen de algunas de las barbaridades que el jeque ha lanzado en algunos de sus supuestos tuits. Si el Madrid o el Barcelona hicieran esas cuentas habría que venderles España para compensarles la inversión. La rehabilitación del estadio de La Rosaleda le costó a los contribuyentes andaluces 36 millones de euros y el dinero público se respeta. El escrito ha logrado algo insólito: una respuesta conjunta de las tres administraciones. Y esta vez, estoy al lado de las instituciones.