Deshielo en Doñana

Si hace menos de un mes calificábamos en estas mismas páginas de buena noticia para Doñana la decisión de la Junta de comprar las 7.500 hectáreas de la finca Veta la Palma para ampliar el Parque Nacional, el anuncio de que el Gobierno de la nación y el autonómico han llegado a un acuerdo para poner fin al absurdo pulso que mantenían tirándose a la cabeza la reserva natural es todavía mejor. Han hecho falta más de dos años para que ambas administraciones sellaran la paz en un pacto en el que las dos obtienen contrapartidas razonables. El presidente Juanma Moreno, en una muestra de realismo político, le da una patada para adelante a una ley que nunca debería haberse tramitado y que legalizaría regadíos en el entorno del Parque. La vicepresidenta en funciones Teresa Ribera pone encima de la mesa 350 millones para actuaciones en la zona y se compromete a escuchar las razones, bien fundadas, por cierto, de los agricultores. ¿Qué ha pasado para que las cosas hayan cambiado y se haya pasado en pocas semanas de los reproches y descalificaciones al entendimiento? Pues, básicamente, que por primera vez en dos años largos no hay en el horizonte ninguna convocatoria electoral que convierta Doñana y los intereses de los agricultores en argumento de confrontación. Junta y Gobierno han encontrado el ambiente propicio y les ha costado poco ponerse de acuerdo. Era evidente que con la proposición de ley de legalización de regadíos no se iba a ningún sitio y que la Moncloa se equivocaba con una estrategia que sólo buscaba desgastar al presidente andaluz. Por medio queda el disparate de haber indignado a la comunidad científica, de haber puesto en duda ante Bruselas la capacidad española de gestionar el principal humedal de Europa y de haber encendido las alarmas en la Unesco y en los poderosos grupos de presión ecologista de todo el mundo. No merecía la pena, aunque hay que dar la bienvenida a un deshielo en el que Doñana saldrá ganando.