El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes sendos proyectos de ley que tienen como objeto crear dos nuevos impuestos que gravarán las transacciones financieras y determinados servicios digitales, respectivamente, y que popularmente se denominan tasa Tobin y tasa Google. El Gobierno de Pedro Sánchez, al dar curso a este impulso legislativo, defendió que estos nuevos gravámenes buscan avanzar hacia "un sistema tributario moderno y redistributivo". Quizás el argumento serviría si las acciones gubernativas fuesen tendentes a lograr una revisión general del sistema tributario, que como han denunciado colectivos profesionales como los técnicos de Hacienda es hoy por hoy un compendio de parcheos y reparcheos, por más que admitan que estas nuevas figuras busquen la equidad y la redistribución. Lejos de ese objetivo de revisión global del sistema tributario, que exigiría un consenso de las grandes fuerzas con representación parlamentaria para hacer una reforma de Estado, las propuestas enviadas en forma de textos legislativos por el Gobierno parecen más destinadas -como tantas otras iniciativas, incluidos los Presupuestos Generales del Estado- a crear un corpus de programa electoral, material para usar en mítines. Una proclama fácil de que se va contra los bancos y las grandes tecnológicas. Pero sobre todo, si hay algo que reprochar es la escasa credibilidad que suscitan las previsiones recaudatorias que hace el Gabinete si estos dos impuestos se convierten en ley tras su paso por las Cortes Generales. En total, prevé recaudar unos 2.000 millones de euros, 1.200 de ellos por el gravamen a las empresas que ofrezcan servicios digitales y que presten empresas que facturen 750 millones en todo el mundo y al menos tres en España y otros 850 millones por las transacciones de compraventa de acciones de empresas que tengan una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. Respecto a la tasa Google, la propuesta española prescinde del principal problema, que una empresa venda en España y tribute en otro Estado de laUE con fiscalidad más favorable, y hace tabla rasa con todas las grandes tecnológicas, incluidas las que pudieran estar radicadas en España. Sobre la tasa financiera supone, como han destacado diversos colectivos profesionales, una desventaja competitiva para España que, además, recaerá en los accionistas y los clientes de la banca. Otro aspecto a destacar es que estos impuestos necesitan respaldo parlamentario, y está por ver si los concita. España probablemente no necesita más impuestos, sino una revisión global que permita ajustar la presión fiscal de manera más justa y redistributiva y sin penalizar la creación de empleo y riqueza, aunque hacerlo no sirva para alimentar mítines.