Indultos e indultos

Hace algo más de un año, nueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía durante la administración socialista, condenados por el caso de los ERE, solicitaron del Gobierno un indulto, algo a lo que tienen derecho todos los penados que se consideren acreedores de la medida de gracia. Además del ex presidente José Antonio Griñán, cuya entrada en prisión se suspendió por estar recibiendo tratamiento médico por un cáncer, pidieron acogerse cuatro ex consejeros y otros cuatro condenados que ocuparon puestos de responsabilidad en el área de las políticas de empleo. La tramitación de los expedientes no es discrecional. El Ministerio de Justicia debe recabar la información correspondiente, pero, obviamente, ese trámite no presupone ni mucho menos la concesión, que es una prerrogativa del Consejo de Ministros. La titular del departamento, Pilar Llop, ha adelantado, además, que el Gobierno al estar en funciones no podría conceder la gracia. No deja de llamar la atención que en un país que ha vivido el indulto de los condenados por el intento separatista de 2017 en Cataluña y en el que ahora se prepara una amplia amnistía para los hechos relacionados con esa intentona, se discuta el derecho de los condenados por los ERE a solicitar el perdón y se cuestione al Gobierno por poner en marcha los trámites. Con los antecedentes que existen no es muy difícil vaticinar que la concesión o no dependerá de los intereses estratégicos de Pedro Sánchez cuando llegue el momento de tomar una decisión. Es lo que pasó con los condenados del procés y es lo que pasará cuando le llegue el turno a Griñán y al resto de condenados. Se conceda o no el indulto, lo que nadie puede ya cambiar es la sentencia del Tribunal Supremo y la gravedad de los delitos por los que ahora cumplen sus penas. Aunque, al menos, en el caso de los ERE sí se puede estar seguro de que no lo volverán a repetir.