Investidura y máxima transparencia

La elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso ha venido a confirmar lo que era de esperar, que el partido de Carles Puigdemont no iba a desaprovechar el valor estratégico que le dan sus siete diputados en el Congreso. Aunque su partido, Junts, haya esperado hasta última hora para dar a conocer su respaldo a Armengol y sus peticiones, parecía claro que el fugado Puigdemont iba a rentabilizar esta ventana de oportunidad. Ha habido mucha teatralización. Comienza ahora otra negociación para conseguir la investidura de Pedro Sánchez, al que se le debe exigir la máxima transparencia en sus negociaciones con un partido que dirige un huido de la justicia española y que lideró en 2017 un proceso inconstitucional para separar a Cataluña del resto de España. Nos encontramos ante una situación inédita e, incluso, anómala, por cuanto buena parte de la negociación se centrará en la situación judicial de una persona en concreto, un político, que a diferencia de algunos líderes de ERC, no quiso someterse a la acción de los tribunales españoles, razón por la que en estos momentos no se encuentra indultado. Sánchez tiene la legitimidad para negociar los apoyos necesarios en el Congreso para lograr esta investidura, nunca escondió durante la pasada campaña electoral que fuera a buscar todos los apoyos posibles para confrontarlos con la alternativa del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero el PSOE no debe cruzar las líneas rojas que encuadran la Constitución, donde no caben consultas independentistas, ni abrir procesos estatutarios que supongan una mutación de la Carta Magna, como ya se intentó con el anterior Estatut. Desde Andalucía se observa, además, con preocupación que se pudieran institucionalizar privilegios y un trato fiscal especial para Cataluña que consagre nuevas diferencias entre las comunidades autónomas.