Jornada y productividad

Todos los datos apuntan a que el próximo año la economía española entrará en una fase de estancamiento tras un periodo de crecimiento sostenido que permitió dejar atrás los peores efectos de la pandemia. El tercer trimestre del año empezó con un gran dinamismo debido al inicio de la temporada alta de verano. Pero la actividad se ha ido deteriorando a lo largo de los últimos meses y los indicadores de septiembre encienden las luces de alarma. La facturación de las empresas apunta a un parón de la demanda interna. Las ventas de las grandes empresas (que copan el 75% del mercado) cayeron un 2% en el tercer trimestre respecto del segundo. Las ventas del comercio, excluyendo alimentación y combustibles, se redujeron casi un 6%, lo que indica que los hogares están optando por contener su gasto en un entorno de inflación y tipos de interés muy elevados. A la espera del avance del PIB del tercer trimestre que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene previsto publicar hoy, es una evidencia compartida por todos los analistas económicos que los meses que tenemos por delante no van a ser fáciles. A ello contribuye un contexto internacional cada día más complicado. Esta situación aconseja una política económica que refuerce la viabilidad de las empresas y las ayuden a superar las dificultades a las que se van a tener que enfrentar. El pacto de Gobierno de coalición al que han llegado el PSOE y Sumar apunta justo en la dirección contraria. La reducción de la jornada aumentará los costes laborales y, como derivada, provocará reducciones de plantillas. El acuerdo ignora que el problema de España no es de jornada laboral, sino de productividad. En esta última ratio llevamos décadas a la cola de la lista de países desarrollados. Habrá que esperar a que arranque la legislatura, si es que finalmente lo hace, para comprobar cuánto tiene este acuerdo de realidad y cuánto de demagogia para contentar a los sectores más radicales de la coalición.