Cuando el barco amenaza naufragio y las vías de agua anegan bodegas y camarotes, lo último que debe hacer el capitán es abandonar la nave a su suerte y alejarse en un bote salvavidas. Eso es lo que ha hecho el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, formalizando la dimisión con la que venía amagando en las últimas semanas y abriendo una crisis constitucional de una gravedad y unos efectos sin precedentes. El bloqueo de la renovación del gobierno de los jueces y la imposibilidad de los partidos mayoritarios para ponerle fin tras casi cuatro años de intentos que se han saldado en fracasos no es culpa de Lesmes. El presidente del Supremo es una víctima más de una situación que ni ha buscado ni ha creado, pero el sentido de la responsabilidad que se le supone a quien ocupa una alta competencia al servicio de uno de los poderes constituyentes del Estado habría aconsejado otro comportamiento. La dimisión de Lesmes ha puesto a la Justicia al borde del precipicio en un momento especialmente delicado, cuando estaba pendiente la renovación del Tribunal Constitucional y algunas Salas del Supremo están al borde de la paralización. Lesmes tira la toalla "perdida toda esperanza de rectificación" y porque su presencia al frente del Alto Tribunal y del Consejo "carece ya de utilidad y sería contraria a mi conciencia profesional". Son argumentos comprensibles en una persona que lleva tres años clamando en el desierto en exigencia de un acuerdo que permitiera el desbloqueo. De hecho, motivó un rápido movimiento que fue la reunión celebrada ayer entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Todavía está por ver si ese encuentro va a posibilitar un acuerdo final, aunque por los antecedentes y por las vísperas electorales que se viven nadie puede ser demasiado optimista. Lo único cierto de todo este embrollo es el daño que entre unos y otros han hecho a la Justicia y la a la Constitución.