Ya es casi un tópico periodístico apuntar a la sorprendente incapacidad de la política española de consensuar una ley de Educación en la que todos quepan y que pueda dar estabilidad a un sector tan importante para el futuro del país. Las diferentes legislaturas han fracasado estrepitosamente en esta labor, hasta el punto que se puede apuntar que la educación es una de las asignaturas pendientes -dramáticamente- de nuestra democracia. Si amplio fue el rechazo que despertó la ley Wert impulsada por el Gobierno de Rajoy, que fue incapaz de concitar el consenso de los partidos de la oposición y de toda la comunidad educativa, amplio también está siendo el rechazo a la ley Celaá, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, pero que ya ha despertado la negativa frontal de PP, Cs y Vox, que la recurrirá a los tribunales. A la ley Celaá, como le pasaba a la de Wert, le sobra ideología y le falta consenso. Tanto que ya podemos anunciar que será otro fracaso más de nuestra política en su labor de dotar a la sociedad española de un sistema educativo moderno, algo preocupante en unos momentos en los que el conocimiento y el talento ya marcan la diferencia entre los países punteros y los rezagados. El PP y Cs ya han anunciado que recurrirán la ley al Tribunal Constitucional, y todo indica que en cuanto el centroderecha vuelva al poder -algo que tarde o temprano ocurrirá- la derogará. Y vuelta a empezar. La ley Celaá está llena de puntos conflictivos, como aquellos que intentan asfixiar a la educación concertada, volviendo a un viejo prejuicio de la izquierda que considera este modelo como un enemigo de la pública, no como su necesario y deseable complemento. Además, gracias a una moción presentada por Podemos y ERC se da vía libre para que el castellano deje de ser lengua vehicular en Cataluña. Una nueva victoria del separatismo, que cada vez gana más posiciones. Esta ley no mejorará la educación y dividirá aún más a los españoles.