Editorial
Un acuerdo pesquero insuficiente
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Siete años y medio después de que Abengoa colapsara al final del verano de 2015 -cuando en plenas turbulencias financieras la forzada destitución de Felipe Benjumea Llorente hizo fracasar la ampliación de capital que intentaba la multinacional sevillana- lo que queda del grupo, otrora primera empresa de Andalucía, ha sido adjudicado por el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla a la empresa española de energías renovables Cox Energy. La oferta de esta compañía era la única de las presentadas que en las últimas semanas había aportado dinero -ocho millones de euros- para sostener el pago de las nóminas y hacer frente a los gastos del concurso de acreedores conexo de las principales filiales de Abengoa SA, disuelta por orden judicial en julio pasado. La decisión judicial abre una nueva etapa para un grupo que, según el auto del magistrado, aún mantiene unos 9.000 puestos de trabajo, en gran parte radicados en Sevilla. Pese a que al juez le genera dudas una compañía joven -se fundó en 2014- y de mucho menor tamaño, para tomar la decisión de la adjudicación, en su auto, valora el compromiso de pujar por todas las unidades productivas que dice que mantendrá, así como la totalidad del empleo y que la sede del grupo adquirido se mantenga en Sevilla. Esto último, que Abengoa siga siendo un vector de innovación y empleo de calidad en Andalucía, debe ser la prioridad. Cox Energy tiene ante sí un reto mayúsculo, empezando por evitar un desguace por partes. Necesita, en primer lugar, que los acreedores privilegiados den su beneplácito, algo que parece factible por los compromisos que adquiere sobre parte de la deuda. Promete dar carga de trabajo inmediata, aunque el propio juez señala que no es esencial para las concursadas. Por ello, tendrá que reorganizar y reenfocar a grupo de empresas que lleva casi ocho años sufriendo una sangría de activos y en la que se ha primado al acreedor financiero por encima de la actividad misma.
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