El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos aprobó el pasado martes un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que dispara el gasto a una cifra récord, una decisión política que no puede desligarse del calendario electoral, que llevará a votar a los españoles en mayo de 2023 para renovar los ayuntamientos, diputaciones y la mayor parte de los gobiernos autonómicos y a elegir nuevas Cortes Generales antes de final de año, si no media un adelanto. La decisión de gastar mucho más -en partidas sociales un 10% sobre el Presupuesto vigente- se adopta según el Ejecutivo como remedio para paliar la alta inflación, que en septiembre se ha quedado en el 9%, según el dato adelantado. A la espera de que se modere algo más, las cuentas públicas presupuestan una subida de las pensiones del 8,5%, al ligarlas al IPC real, y de un 6,6% para hacer frente a las subidas de sueldos del sector público. Parecen magnitudes excesivas y difíciles de defender si se comparan con las subidas salariales del sector privado y teniendo en cuenta que lo que la economía española necesita para luchar contra la escalada inflacionista es un pacto de rentas. Es cierto que el Gobierno ha recaudado mucho precisamente por la alta inflación, entre otros factores, pero gastar al máximo no parece prudente cuando el Banco de España prevé un frenazo brusco del crecimiento a partir de 2023. La economía no está para esas alegrías y esta realidad merecía algo más de prudencia por parte del Ejecutivo. El Gobierno ha preferido dar un mensaje, en clave electoral, de mantenimiento del escudo social. El problema es que en el contexto en el que se desenvuelve la economía española no se va a poder garantizar que el modelo será sostenible más allá de las elecciones. La historia reciente nos recuerda que tras un gasto desmedido, sin control e insostenible en el tiempo, llegan duros y dolorosos ajustes.