Acaba una semana en la que el deterioro de la política española ha alcanzado un punto de no retorno. La ruptura total de la coalición que forma el Gobierno, la campaña contra una empresa que ha hecho una acción de cambio de sede amparada por la legislación española y europea o los insultos groseros contra el líder de un grupo parlamentario por parte de una secretaria de Estado constituyen, por ahora, los últimos episodios de una situación que no se sostiene. Así las cosas, hay que preguntarse qué sentido tiene continuar con esta farsa y si no ha llegado el momento de dar la voz a los ciudadanos para que sea la soberanía popular la que ponga las cosas en su sitio. Unas elecciones, independientemente del resultado que arrojen las urnas, tienen el efecto de ventilar el ambiente, poner el contador a cero y dar una nueva legitimidad a los que resulten designados para gobernar. En la caótica coyuntura en la que se ha metido el país, los nueve meses que quedan hasta la consumación natural de la legislatura van a hacerse larguísimos. El deterioro de la política puede terminar contagiándose a otros aspectos esenciales para el mantenimiento del cada vez más precario nivel de vida de los españoles, al tiempo que se lanza a Europa y al mundo la imagen de un país convulsionado. Pedro Sánchez parece dispuesto a mantener el fortín de la Moncloa todo el tiempo que haga falta, aunque ya no oculte que con algunas ministras ni se habla. Lo hace porque entiende que favorece su posición política y para ser presidente de turno de la UE durante el segundo semestre del año. Es su competencia exclusiva y también su responsabilidad. Pero si no estuviera encerrado en una torre de poder que le impide ver la realidad comprobaría que no le está haciendo ningún servicio a los españoles.