La situación económica de los ayuntamientos andaluces ha mejorado de modo notable durante la última década, lo que es fruto de la contención del gasto a la que están obligados mediante ley más la escasa revisión a la baja de sus impuestos. Tal como hemos publicado, entre 2010 y 2021, los consistorios andaluces han recaudado un 25% más, porcentaje que doblan los ayuntamientos de Jaén y de Granada. De 2.922 millones de euros se ha pasado a recaudar 3.764 millones de euros, mientras que el crecimiento del gasto se ha moderado en general y ha bajado el que se dedicaba a vivienda, sanidad, educación y servicios sociales. Como consecuencia de la crisis financiera que comenzó en 2008, las autoridades de Bruselas embridaron los presupuestos de todas las administraciones, lo que en el caso municipal ha supuesto dejar atrás una situación de endeudamientos y déficits masivos para alcanzar una estabilidad más que notable. La pandemia del Covid-19 alteró la ortodoxia de las reglas de gasto para los gobiernos central y autonómico, pero no para los municipios. Debido a ello, los consistorios españoles han acumulado 5.000 millones de euros que no pueden invertir debido a las reglas de gasto. El Gobierno central hizo un intento de apropiarse de esos fondos, pero los ayuntamientos y diputaciones se rebelaron. Algunos de los impuestos que cobran los municipios son tremendamente estables, como es el caso del IBI, que es la joya de toda hacienda local y que apenas tiene morosidad. Mientras los grandes partidos han debatido sobre las rebajas de algunos impuestos o la bonificación de otros, como el de Sucesiones y el de Patrimonio, la política municipal ha quedado exenta de estas tensiones. Ninguna formación ha querido poner el foco en el ámbito local, y eso que las plusvalías, el impuesto de los automóviles y el IBI también pesan en las economías familiares.