El derecho a la protesta

Las protestas en la calle contra decisiones del poder político son perfectamente compatibles con la democracia e incluso pueden reflejar una sana toma de conciencia de capas más o menos amplias de la población sobre problemas que le afectan. No lo son, en cambio, los escraches como los que se han visto esta semana en las puertas de las sedes del PSOE y mucho menos las algaradas violentas que rozan el terrorismo. Las manifestaciones convocadas para hoy por el Partido Popular responden a la primera premisa. Los actos vandálicos alentados por Vox durante estos días son un reflejo de la segunda. Admite poca discusión que el acuerdo que permitirá la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno incluye aspectos, como la amnistía, de una gravedad que justifica que se salga a la calle para expresar que no todo vale con tal de mantener el poder. Sobre todo, si se tiene en cuenta que esas medidas no se incluían en el programa del partido que va a liderar el Gobierno y que el presidente Pedro Sánchez las había rechazado con contundencia y reiteración. Hoy se trata, en definitiva, de ejercer derechos fundamentales como son la libertad de expresión y manifestación, reconocidos en la Constitución. Esos derechos pierden toda la legitimidad cuando son acompañados por la violencia y la intimidación. Vox ha vuelto a dar muestras sobradas de que se mueve en las peligrosas aguas del extremismo populista y que los años que ya lleva de vida institucional no lo han moderado. En las manifestaciones de hoy el PP volverá a mostrarse como lo que ha sido siempre: un partido moderado que hace las cosas dentro de los cauces marcados por las leyes. España vive una situación de una enorme complejidad política. Que la calle hable no sólo no sobra, sino que es necesario.